- Gobierno debe reforzar sistemas de ciberseguridad de todas sus instituciones
Redacción – La Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) solicita a las autoridades aclarar las medidas a tomar tras el hackeo en las plataformas de Administración Tributaria Virtual (ATV) y el sistema informático aduanero TIC@, debido a las consecuencias directas en el comercio internacional, cumplimiento de obligaciones tributarias, así como en la seguridad de los datos e información de los contribuyentes y operadores de comercio.
Consideran importante que los planes de contingencia de las diferentes aduanas del país sean actualizados y aborden de manera integral la problemática, brindando alternativas para la continuación y reanudación de los servicios y operaciones a lo largo y ancho del país.
AmCham señala que si bien se han emitido algunos lineamientos respecto a las exportaciones, las importaciones en todos los puertos de ingreso (marítimos, aéreos o terrestres) se encuentran suspendidas.
Entre las consecuencias de la paralización de las importaciones resaltan los altos costos de almacenaje para las empresas, la consecuente saturación que se pueda esperar en los próximos días, así como el desabastecimiento en un corto plazo de ciertos productos, perjudicando directamente a empresarios y consumidores en general.
“Estas vulneraciones a los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, así como de otros entes públicos deben ser atendidas de manera formal con la mayor prontitud y diligencia, estableciendo consecuencias para los funcionarios responsables, no solo para garantizar la seguridad de la información, sino para que se reanuden todas las operaciones de comercio y evitar futuros ataques cibernéticos. Actualmente no hay claridad en los planes de contingencia, ni en los plazos para solucionar esta problemática”, mencionó Silvia Castro, presidente de AmCham.
El ente señala que este hecho evidencia el problema de seguridad de gran cantidad de plataformas y sistemas estatales que manejan información sensible de las empresas y de los ciudadanos costarricenses.
Piden al país contar con una estrategia nacional de ciberseguridad, la cual debe contemplar reglas claras para que el gobierno utilice ambientes y equipamientos seguros, originarios de países que respetan la protección de datos personales y cumplen con las mejores prácticas.
