Redacción – La Cámara de Industria de Costa Rica (CICR) ve con profunda preocupación que algunos diputados de la Asamblea Legislativa, se tomen los compromisos de atención de la deuda pública al parecer con ligereza.
Lo anterior por eliminar hasta ahora 59,000 millones de colones del rubro presupuestado para atender el pago de intereses de la deuda pública contenidos en el Presupuesto Nacional del 2023.
El Presidente Ejecutivo de la CICR, Enrique Egloff comentó: “No podemos poner en riesgo la estabilidad fiscal del país, como en una familia, primero se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para luego llenar otras necesidades”.
Los industriales reconocieron que todas las comunidades y organizaciones públicas y privadas tienen múltiples necesidades, que requieren recursos para ser solventadas, pero un Estado tiene que priorizar en cómo va a utilizar los recursos que siempre son escasos.
“Se debe tomar en cuenta que tanto a nivel internacional como a nivel local las tasas de interés han venido en aumento en las últimas semanas y lo más seguro continúen aumentando en los próximos meses lo que se reflejará, sin lugar a duda, en el gasto final de intereses que deba hacer el Gobierno Central el año entrante. No se puede por tanto poner en riesgo al país de que el Gobierno no pueda cumplir sus obligaciones contractuales con los tenedores de deuda, tanto nacionales como internacionales, incluyendo los organismos multilaterales”, añadió Egloff.
Es por ello, que los industriales no avalan que se reduzca presupuesto necesario para pagar intereses de la deuda pública y se repartan esos recursos a atender otras necesidades en atención a intereses individuales o de instituciones específicas, sin considerar el impacto que ese tipo de medidas puede tener sobre la sostenibilidad fiscal del país y por tanto sobre el clima de negocios, tan importante para la inversión y generación de empleo.
“Si el país no atiende el pago de intereses, le costará mucho encontrar financiamiento y eso sin duda puede tener una efecto muy grave no solo para el Estado, sino para todos los costarricenses”, finalizó Egloff.