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La Nación le gana al Gobierno y anulan la orden de cierre del Parque Viva

El Estado deberá pagar los daños y perjuicios ocasionados por la orden de cierre

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Foto: ICC.

Redacción- El Parque Viva seguirá operando con normalidad luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo interpuesto por periodistas de La Nación, donde se oponían a la orden de cierre y alegaban violación a la libertad de prensa.

Los magistrados anularon la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022, emitida el 8 de julio de 2022, así como lo dispuesto en el oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022, del 15 de julio del mismo año. Los documentos que estaban avalados por autoridades como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la misma cartera de Salud.

Todos relacionados con la medida tomada por el gobierno de clausurar momentáneamente los eventos en las instalaciones ubicadas en La Garita de Alajuela.

La Sala IV también condena al Estado «al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo Contencioso Administrativo».

El Ministerio de Salud había tomado la decisión debido a la imposibilidad de los cuerpos de primera respuesta para garantizar una atención ágil y oportuna ante una situación de emergencia en el Parque Viva o en comunidades aledañas, previo, durante y luego de un evento masivo.

Afirmaban que las angostas calles que se encuentran alrededor de Parque Viva colapsan cada vez que hay un evento masivo ahí. Lo que dificulta en gran medida el paso de vehículos de emergencia en caso de ser necesarios, principalmente para los bomberos debido al tamaño de los camiones que tienen para sus funciones.

Al parecer, Grupo Nación habría alegado que el flujo de caja del Parque Viva paga los salarios de los periodistas del reconocido diario de circulación nacional, y que por lo tanto, cerrar Parque Viva estaría atentando contra la libertad de prensa.

Casa Presidencial había dicho en un comunicado que «Ese argumento es absurdo ya que, si esta agrupación tuviera actividades criminales para pagar el salario de sus periodistas, el Gobierno no podría hacer cumplir la ley porque, bajo la extraña lógica de La Nación, sería un ataque a la libertad de prensa».

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