Redacción- La Defensoría de los Habitantes pidió al Ministro de Transportes, Luis Amador, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) un reporte de 10 puntos que permita identificar las acciones que garanticen la continuidad del servicio público de buses en todo el territorio nacional.
Lo anterior sino se aprueba el proyecto de ley 22.530, que pretende aumentar la vida útil de las unidades de autobús de 15 a 20 años.
Para la Defensoría es importante conocer con detalle el listado de empresas que renovaron sus flotillas en cumplimiento con Ley 7.600 y los datos de las empresas que a diciembre del 2022 mantenían unidades de 15 años o más.
También el CTP debe informar sobre las gestiones realizadas en relación con las empresas que mantienen unidades que superan los plazos de vida útil permitido por la ley, y cuáles son los acuerdos que el Consejo adoptó en 2022 en relación a esta situación y de los estudios que hayan dado sustento a esas decisiones.
El ente Defensor quiere conocer si el CTP tiene ya establecidas medidas inmediatas que tomará en caso de que se diera un eventual “paro técnico” según declaraciones emitidas por representantes de autobuseros en el caso de no aprobarse el proyecto 22.530, entre otras cosas.
Silvia Bolaños Vicepresidenta Ejecutiva de CANATRANS, había informado que desde el 1 de enero más de 300 unidades vencieron la antigüedad y no podrían circular más y que sino se llega a aprobar el proyecto más de 100 comunidades se quedarían sin servicio de transporte público.
