- Dejan en claro estar dispuestos a analizarlo para realizarle la mejoras necesarias y así votarlo a favor.
Redacción – Los diputados que integran la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acordaron posicionarse en contra de la iniciativa que busca crear el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).
Dicha propuesta fue anunciada por el Poder Ejecutivo meses atrás y pretende fusionar el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
Situación que no es vista con buenos ojos por parte de la agrupación rojiazul, por lo que este lunes los congresistas de esta fracción dieron una conferencia en la que anunciaron su posición contraria a esta propuesta.
Esta postura se debe a que consideran que el proyecto no tiene los fundamentos técnicos que respalden la fusión de estas tres instituciones públicas.
Además, la jefa de la bancada socialcristiana, Daniela Rojas, apunta que la iniciativa tiene vicios de constitucionalidad, por lo que sería inviable así como está redactado hoy en día dentro del expediente 22.450.
«Hay una concentración excesiva de poder, pasamos de que en este momento el sector vivienda tiene más de tres leyes, tiene más de tres reglamentos que son, en total, en conjunto, más de 250 artículos, y pretenden unificarlos en 30 artículos que son este proyecto de ley donde lo que hacen es crear un mega ministerio con muchísimas potestades al ministro de turno en todo lo administrativo y de funcionamiento, algo que nos parece y desde nuestro punto de vista no vamos a estar apoyando».
«Nuestra conclusión es que el proyecto de ley no busca fusionar para hacer más eficiente el sector, no busca fusionar instituciones para generar más vivienda social y para generar empleo y para potenciar el sector construcción, todo lo contrario, este proyecto lo que busca es crear un mega ministerio y darle excesivas potestades a quien esté en la cabeza del ministerio», declaró Rojas.
Pese a que los socialcristianos se oponen a este proyecto tal y como está, dejan en claro que también están dispuestos a analizarlo en conjunto con todas las fracciones y el propio Poder Ejecutivo para mejorarlo y así votarlo a favor.
El PUSC además detalla por medio de un comunicado una serie de seis aspectos por los cuales se oponen a esta iniciativa impulsada desde Zapote:
- Desaparece el Bono Familiar de Vivienda: en el texto se deroga esta conquista social que ha permitido que 1 de cada 4 costarricenses, de los estratos más pobres, a lo largo y ancho del país goce actualmente o haya crecido en una de las más de 400 mil viviendas subsidiadas con el bono. Aunado a lo anterior, desaparecen todos los programas sociales; como el de la vivienda para la persona joven, construcción en territorios insulares, bono diferido, bono para personas adultas mayores, y el de vivienda comunitaria para personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.
- Concentración del Poder: El proyecto pretende que más de 250 artículos entre leyes y reglamentos vigentes que regulan al sector vivienda actualmente, se sustituyan por un texto de 36 artículos que crea un mega Ministerio, con una concentración exagerada de poder en la figura del jerarca ministerial, sin mecanismos claros de trasparencia, supervisión, seguridad jurídica y rendición de cuentas. El texto del proyecto delega en los reglamentos la regulación de otorgamiento de derechos, requisitos, características, condiciones, prohibiciones y en general la definición de parámetros para la obtención de beneficios, créditos o subsidios. Siendo estos temas reserva de ley, por lo que transgrede el principio de transparencia, la separación de poderes y los límites a la potestad reglamentaria.
- Función financiera no compatible: Elimina el Banco Hipotecario de la Vivienda y se le otorga a un Ministerio funciones financieras propias de un banco, cuando por las normas constitucionales y legales, los ministerios carecen de la flexibilidad y agilidad suficiente para dichas funciones, y sin el deber de velar por las responsabilidades que una entidad financiera está obligada a cumplir hoy día de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, y los acuerdos de Basilea y de la OCDE de los cuales el país es suscritor.
- Cierra las Mutuales: El proyecto deroga por completo la Ley N° 7052, en esta ley se establece desde la naturaleza jurídica hasta el funcionamiento y objetivos de las Mutuales, por tanto, quedan sin un marco jurídico que habilite su funcionamiento, invalidando así el papel fundamental que han y siguen desempeñando en materia de vivienda en Costa Rica, siendo estas las que en los últimos 4 años han formalizado más del 50% de los bonos de vivienda otorgados (28.388).
- Nuevos impuestos: Deroga la Ley N°8683 Impuesto Solidario que tiene como destino específico financiar programas dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema, y en su lugar reforma el artículo 23 de la Ley N°7509 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que un porcentaje excedente al 0.25% de dicho impuesto se transfiera al Ministerio de Hacienda con el objetivo de financiar al nuevo mega Ministerio, lo cual significa que es un nuevo impuesto sin un fin específico.
- Inseguridad jurídica en el manejo de los Fondos: Pretende eliminar el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), el Fondo de Subsidio de Vivienda (FOSUVI) y el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) para utilizarlos en “vehículos financieros de propósito especial”, un concepto que es indeterminado, confuso, indefinido en el texto y causa preocupación e inseguridad jurídica ya que los mecanismos financieros deben estar claramente identificados en la ley.
