- Arrestos se dieron por diversos delitos en un operativo de 18 allanamientos
- Se allanó la CCSS, el Banco Popular, el Banco Costa Rica y varias viviendas
Redacción- Este lunes salió a la luz un caso de 29 personas que tuvieron un adelanto de su pensión gracias al uso de documentos falsos.
Tras las diligencias realizadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), se confirmó el arresto de ocho personas sospechosas.
Así lo confirmó la FAPTA luego de una serie de 18 allanamientos que se realizaron en oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Popular (BP), así como diversas casa en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas.
«La Fiscalía ordenó detener a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo», informó la Fiscalía.
Estas personas figuran como sospechosas de diversos delitos como: cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla al expediente de la investigación.
Caso
De acuerdo con la FAPTA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia en la que se indicaba que, al parecer, un extrabajador de una empresa privada habría indicado a algunas personas que tenía un contacto en el BP para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Por otra parte, la entidad recibió informaciones acerca de posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.
Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez.
En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado.
El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE.
