Redacción- La Defensoría de los Habitantes dio a conocer que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es la entidad del sector público que más reclamos presentaron las personas usuarias en el año 2022.
Solo el año anterior, la Defensoría recibió un total de 3.123 registros de intervención de diversas situaciones con los servicios que ofrece el IMAS; relacionadas en su mayoría con la falta de respuesta formal a gestiones y el retraso en el otorgamiento de citas para realizar nuevos estudios socioeconómicos o actualizar alguno existente, de cara a poder optar por un seguro por cuenta del Estado.
Debe recordarse sobre este último punto que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reformó el Reglamento del Seguro de Salud, trasladando la responsabilidad de evaluar la condición de pobreza de los solicitantes de un beneficio de aseguramiento al IMAS.
Esto se lleva a cabo mediante el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). A tres años de esta reforma, preocupa a la Defensoría el número de denuncias que se siguen atendiendo ante lo que las personas usuarias consideran una dilación del IMAS en la aplicación de los estudios socioeconómicos.
Asimismo, la Defensoría verificó la falta de respuesta formal del IMAS a las gestiones o solicitudes de ayuda de beneficios, a pesar de que existe normativa interna que lo establece.
El Instituto implementó el Sistema de Autogestión, que se encuentra publicado en el sitio web de dicha institución, el cual permite a las personas usuarias externas auto gestionar su registro para completar el formulario de medios de notificación e iniciar con los procesos de notificaciones y pagos de beneficios en caso de ser personas beneficiarias.
El IMAS informó, en febrero de 2023, que dicho sistema contaba con avances importantes en su desarrollo en un estado de cumplimiento del 69%.
Sin embargo, para la Defensoría el IMAS debe reforzar esa entidad con el personal suficiente que permita atender con eficiencia y efectividad su labor en todo el país, de lo contrario se violentan los derechos e intereses de las y los habitantes.
