- Reformas otorgan amplias facultades a la Administración Tributaria en detrimento de las garantías y los derechos de los contribuyentes.
Redacción-En la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) están preocupación por varias de las reformas incorporadas en el Expediente 23.759 “Fortalecimiento del Control Tributario”, que es parte de los 5 proyectos del paquete fiscal presentado por el Gobierno el pasado 18 de mayo.
Este expediente modifica en forma importante la Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT).
En materia fiscal, los Industriales manifiestan que abogan por un sistema fiscal simple, eficiente, de fácil gestión para evitar el coste excesivo de cumplimiento tributario a las empresas y se ha opuesto enérgicamente a trámites innecesarios y que se den procesos arbitrarios contra los contribuyentes. Igualmente, la Cámara ha sido vocera en la lucha contra la informalidad y el contrabando.
Respecto específicamente del Expediente 23.759, la CICR manifiestan profunda preocupación por lo que considera es un ataque frontal a dos principios fundamentales del sistema de libre mercado y de preponderancia del individuo frente al poder del Estado, pues atacan a la autonomía de las sociedades mercantiles respecto de sus socios y administradores.
También señalan que las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios acabarían con el elemento básico del sistema económico de libre mercado al atacar su instituto fundamental, la sociedad mercantil.
Para Sergio Capón, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica, “la sociedad mercantil supone la democratización al acceso de oportunidades de inversión, una forma ordenada de disponer patrimonio y el vehículo idóneo para emprender. Supone este pilar del sistema de libre mercado, responsabilidad de los gestores más no de los accionistas y supone igualmente la autonomía del patrimonio de los accionistas respecto del patrimonio de las sociedades de las que son parte.”
Para la CICR las propuestas que se hacen para que los accionistas respondan solidariamente por las deudas fiscales de las sociedades, aún si son socios pasivos, podrían un serio obstáculo a las empresas que cotizan o quieran cotizar en bolsa.
Además, las reformas que pretende que se determine que cualquier empresa de un grupo económico sea considerada responsable por las deudas de otra, atenta contra el principio de libre organización de los factores productivos y supone un riesgo muy alto que podría terminar desincentivando la actividad productiva.
En cuanto a solidaridad de socios se estaría creando una presunción inconstitucional de culpabilidad para derivarles responsabilidad en las deudas, quebrando el principio fundamental de la responsabilidad en que se asienta nuestra organización mercantil y económica, en tiempos en que se busca el crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversión. La Cámara no ve razón para una medida tan drástica.
Por otra parte, a la CICR le preocupa inmensamente la disposición que permitiría que, sin la intervención de un juez, funcionarios de las dependencias del Ministerio de Hacienda, ingresen a recintos privados, o confisquen documentación, inventarios o activos en el marco de procesos de fiscalización, que pueden ser asa y arbitrarios y presuponen de antemano que los fiscalizados son culpables de evasión fiscal.
