Solo en el último año, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 68.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
Redacción: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este fin de semana que lanzó una guerra frontal contra la corrupción similar a la implementada contra las pandillas.
En un discurso con motivo de su cuarto aniversario al frente del Ejecutivo, dijo que también planea construir una cárcel para los corruptos.
Tras más de un año inmerso en la llamada “guerra contra las pandillas”, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha anunciado una contienda más. Esta vez, ha dicho, es contra los corruptos y ha proclamado la construcción de una nueva cárcel donde encerrarlos. Así lo informó el mandatario la noche del jueves, durante su discurso a la nación al cumplir su cuarto año en el poder.
Como muestra de su nueva ofensiva, Bukele anunció que, en el momento en que pronunciaba esas palabras, la Fiscalía General de la República ejecutaba el allanamiento e incautación de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país centroamericano durante 1989 a 1994.
La nueva “guerra” anunciada por Bukele ha sido cuestionada por analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y contra la corrupción. Temen que la medida sirva únicamente para apresar a los enemigos políticos del presidente a menos de un año de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para febrero y marzo del próximo año.
No existe una política pública de combate a la corrupción en este Gobierno. Lo que sí puede existir ahora es una persecución de contrincantes políticos que incomodan al poder bajo la supuesta bandera de combatir la corrupción. Pero mientras no se toque al círculo cercano al poder, no podemos hablar de un real combate a la corrupción”, dijo Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador.
Solo en el último año, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 68.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Sin embargo, miles de inocentes han sido capturados y decenas han muerto torturados en prisión sin haber sido juzgados, según han denunciado organismos de derechos humanos.