• Agentes del OIJ detuvieron este miércoles a los sospechosos en un operativo
  • Funcionarios habían sido reubicados de sus puestos durante la investigación

Redacción- Este miércoles por la mañana, mediante un operativo, el Organismo de Investigación Judicial detuvo a cuatro funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social por un millonario robo de suplementos.

Las capturas se efectuaron luego de varios meses de investigación que permitieron identificar a los sospechosos, quienes se vinculan con el delito de Peculado.

Por el momento, las identidades de los detenidos no han trascendido por parte de la policía judicial; sin embargo, informaron que son de edades de 35, 46, 52 y 53 años.

Todos los sospechosos seguían trabajando para la institución, pero habían sido reubicados mientras se les investigaba, por lo que fueron arrestados en labores diferentes a las que desempeñaban al momento del crimen.

La detención del hombre de 35 años se dio en la fabrica de ropa hospitalaria en el hospital México, pero cuando se dieron los hechos, trabajaba como bodeguero.

Por su parte, el hombre de 46 años, en su momento fungía como chofer y hoy fue detenido en la Sección de Transportes del Hospital México.

Mientras tanto, el hombre de 52 años, estaba incapacitado, por lo que fue arrestado en su casa. Al momento del delito laboraba como ayudante de camión.

Finalmente, el hombre de 53 años era montacarguista el día de los hechos y ahora estaba asignado a una oficina administrativa de la institución en Sabana Norte.

El crimen ocurrió en el año 2022, después de que la CCSS interpuso una denuncia por la sustracción de tres lotes de suplemento alimenticio de una bodega ubicada en San Francisco de Dos Ríos.

Los hombre aprovecharon el jaqueo que sufrió la Caja en ese momento y sustrajeron un total de 27.800 latas de suplemento valoradas en, aproximadamente, 232 millones de colones.

Aparentemente, los hombres lograron encontrar un receptador que les habría dado 21 millones de colones por los tres lotes.

Todos los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.