Ministerio de Agricultura apelará orden de la contraloría de detener compra de escáneres

•  El ministro Carvajal manifestó que “este Gobierno ha procedido estrictamente en apego a la Ley de Contratación Administrativa.»

Redacción:  El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, declaró que “harán un alto en el camino y plantearán posibles soluciones y nuevos pasos a seguir”.

La situación se da al respecto con la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de dejar sin efecto el proceso de compra de los nuevos escáneres que la administración Chaves Robles prometió instalar en puertos y fronteras del país para combatir el narcotráfico y el contrabando.

De igual forma manifestó que  están haciendo el análisis jurídico y que interpondrán recursos de apelación ante la decisión de la Contraloría.

En un video difundido por presidencia, el ministro Carvajal dijo que “este Gobierno ha procedido etsrictamente en apego a la Ley de Contratación Administrativa, utilizando un mecanismo que es legal, que es la contratación entre entes de derecho público”.

“Los escáneres puestos en cada frontera debilitan el poder que tienen los carteles narcotraficantes en Costa Rica, por eso es una herramienta esencial en la lucha contra la narcoactividad”, agregó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Operación de los escáneres

El pasado 13 de julio empezaron a operar dos nuevos escáneres de mercancías en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), de la empresa APM Terminals, en Moín.

El Gobierno prometió que al 2024 estarían operando además dos escáneres en la terminal de Caldera, uno en uno de los muelles de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), uno en Paso Canoas y uno en Peñas Blancas. Los escáneres serán administrados por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).

Orden de la contraloría

Según el oficio DFOE-DEC-3207 enviado el 20 de diciembre por la CGR a Carvajal y al director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Nelson Morera, el concurso para la compra de los escáneres debía anularse porque el SFE estaba usando de forma simultánea dos excepciones que son incompatibles.

La Contraloría explicó que esa “excepción de contratación entre entes de derecho público, es incompatible con la figura de la alianza estratégica”, como la que hizo el Gobierno con Racsa y el consorcio.

También les cuestionó no haber realizado un estudio de mercado, lo cual era un requisito indispensable para determinar las mejores opciones en la relación calidad – precio y los sujetos con mayor experiencia demostrada; y para hacer un análisis comparativo entre los potenciales agentes públicos y privados que sean idóneos.