Redacción: El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) dio la razón a la Contraloría General de la República (CGR), la cual ordenó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ajustar a la ley el salario de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, y que esta devuelva los montos recibidos de más desde que inició sus funciones.
Así se lee en el documento MIDEPLAN-DM-OF-0063-2024, del 19 de enero anterior, enviado por la jerarca del Mideplán, Laura Fernández a Esquivel.
La respuesta de este Ministerio se da luego de que la misma Esquivel dijera a los directivos el pasado 11 de enero que devolvería las sumas pagadas de más si el Mideplán confirmaba el criterio de la Contraloría General de la República.
En julio del 2023 la Junta Directiva de la CCSS, con la participación de Esquivel, definió la lista de puestos que quedarían dentro de la rectoría del Mideplan y cuales quedarían por fuera de esa rectoría, por considerarlos exclusivos y excluyentes de la institución, y declaró el puesto de la Presidencia Ejecutiva como parte de los que permanecían bajo la rectoría de la CCSS, y por lo tanto la definición del salario le corresponde a la Junta Directiva de la Caja.
La ministra de mideplan añadió en su respuesta que le corresponde al Área de Recursos Humanos y la correspondiente gerencia de procesos administrativos de la CCSS observar “los marcos de legalidad aplicables, formular y definir los salarios de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, sus Gerencias y cualquier otro cargo, así como de señalar cualquier error de cálculo en estos”, por lo que la ministra recomendó a Esquivel “tomar las medidas administrativas disciplinarias correspondientes”, por el error en el cálculo de su salario.
¿Qué dijo la Contraloría?
La Contraloría General de la República ordenó a la junta directiva de la Caja ajustar el monto del salario de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
De igual forma aseveran que se le deben cobrar los montos pagados de más desde que asumió el cargo en setiembre del 2022 y hasta la fecha.
Contrario a lo que manda la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas respecto al monto máximo que deben ganar los burócratas, la presidenta Ejecutiva recibe todos los meses ¢1,5 millones más de lo que debería devengar por concepto de salario, para un total de ¢7,1 millones.
El ente fiscalizador de la Hacienda Pública en el oficio DFOE-DEC-3200 suscrito por Rafael Picado López, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, señaló que la Contraloría realizó una investigación a razón de una denuncia en la que se acusó que la Caja estaba pagando a su presidenta ejecutiva un salario cuyo monto violenta el límite establecido en el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fue adicionado a dicha ley mediante el artículo 3 del Título III de la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).
