Redacción – La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado este jueves 29 de febrero, por motivo de que las poblaciones vulnerables y algunas entidades sociales se han visto afectados por la regla fiscal.
La crisis financiera global del 2008 y la pandemia de la COVID-19 ejercieron una presión sobre las finanzas del gobierno, por lo que llevó a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9.635. Esta ley estableció modificaciones al impuesto de ventas y de renta, una regla de responsabilidad, imponiendo límites formales al gasto público y al endeudamiento gubernamental, con el objetivo de mantener la estabilidad fiscal.
DESAF indicó a la Defensoría que, para el 2023, se proyectaron ingresos por ¢696.815.597.412,0, sin embargo, debido a la aplicación de la regla fiscal y la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, se le aplicó una reducción de ¢43.787.042.620,84 (es decir, del 6,28%).
Los recursos que no se presupuestaron, estaban destinados al financiamiento de programas sociales que atienden a personas en condición de pobreza extrema con el porcentaje establecido por la ley. El 78,48% afectó 37 programas sociales que tienen asignado un porcentaje por ley y, el 21,52% restante afectó a 9 programas sociales cuyo monto o porcentaje no está establecido por ley.
