Redacción: La investigación solicitada por el diputado Ariel Rodríguez a funcionarios del sinac, y municipalidad de la zona, tras la tala masiva de árboles en Manzanillo es una realidad, además Organizaciones ambientales y locales del Caribe Sur, solicitaron al Estado detener de forma la violencia contra la naturaleza en Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo.
El llamado se realiza luego de que se diera a conocer la tala irregular de árboles en una propiedad ubicada en Manzanillo de 3,5 hectáreas de superficie.
¿Hay permiso para la tala de árboles?
Tras esto el pasado 16 de mayo el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach Capra, confirmó que sí hay permiso para cortar los árboles y fue debidamente otorgado por el Área de Conservación Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Aclac-Sinac) con su sede en Talamanca.
Esto dio pie a que presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, justificara que en su administración iba a priorizar «el balance de la sostenibilidad», por lo que no van a destruir el «tesoro nacional en la costa sur de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso” y continuó diciendo que «ni grandes hoteles cinco estrellas, ni dejárselo a los monitos».
Diputado presenta pruebas a la fiscalía para abrir investigación
Esta situación llegó a la Asamblea Legislativa, donde la fracción del Frente Amplio mostró su molestia. El diputado Ariel Robles Barrantes envió pruebas al Ministerio Público, con las que busca alegar que al menos un 20% de los terrenos de donde se dieron permisos de tala están en zona marítimo-terrestre y en lugares donde hay nacientes. Además, el frenteamplista pidió a la Fiscalía que se investigue a funcionarios del Sinac y de la Municipalidad de Talamanca por la poca fiscalización y la aprobación de la tala.
En el documento exigieron al Estado Costarricense que se devuelvan las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado y violentado con la ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca; y que se delimiten y reincorporen las 188 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en 2019.
Asimismo, llamaron a que la Fiscalía y la Procuraduría gestionen de manera inmediata las medidas cautelares necesarias ante los órganos judiciales correspondientes con el fin de detener de manera inmediata el robo de los espacios públicos y del Patrimonio Natural de los costarricenses. Al tiempo que se cumpla la Ley de Zona Marítimo Terrestre, la legislación ambiental y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica.
