Redacción- Cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) fueron detenidos este martes.
Las capturas las realizaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pertenecientes a la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Según la investigación, las personas detenidas, cuatro mujeres y un hombre, figuran como involucradas en caso de trata de personas con fines de adopción irregular.
Las detenciones se produjeron en diferentes localidades, incluyendo Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina.
Los detenidos, quienes figuran como sospechosos en este caso, son:
- Femenina de apellido Hernández, de 31 años
- Masculino de apellido Fernández, de 42 años
- Femenina de apellido Chavarría, de 48 años
- Masculino de apellido Barrantes, de 61 años
- Femenina de apellido Chacón, de 39 años
La investigación sobre este caso comenzó en octubre de 2022, después de que la Presidenta Ejecutiva del PANI remitiera un informe al Ministerio Público en agosto de ese año. El informe señalaba irregularidades administrativas en los trámites de adopción en la Oficina Local del PANI en Cariari de Pococí.
La investigación reveló que existían irregularidades significativas en el proceso de adopción, incluyendo la alteración de documentación, falsificación de testimonios, y la desviación de menores de edad de sus familias biológicas hacia familias adoptivas de manera irregular.
Además, se descubrió que los menores recibían una ayuda económica del PANI mientras se resolvía la situación judicial de su tutela.
Como parte de la operación, se realizaron allanamientos en las oficinas del PANI en Cariari de Pococí, Puerto Jiménez en Puntarenas, el Departamento de Atención Regional Inmediata del PANI en Alajuela, la sede del PANI en Orotina, y un centro integral en Santa Ana, San José.
Las diligencias, de acuerdo con la policía judicial, tenían como objetivo recolectar evidencia relevante para la investigación.
Finalmente, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
Las investigaciones continúan para esclarecer si estos funcionarios recibieron algún tipo de soborno o dádiva.
