Redacción- El expresidente boliviano, Evo Morales, fue citado a declarar ante fiscales por su supuesta implicación en un caso de trata y tráfico de menores.
El Fiscal General, Juan Lanchipa, confirmó que Morales, de 65 años, deberá presentarse el próximo jueves.
Carlos Romero, abogado y exministro de Morales, anunció que se interpondrán acciones legales para impedir su declaración, argumentando que en 2020 se cerró el caso por falta de denunciantes y víctimas.
Según Romero, existen otras cinco investigaciones en curso que, según él, son impulsadas por el actual gobierno contra Morales.
La situación se complicó la semana pasada cuando Lanchipa destituyó a la fiscal Sandra Gutiérrez por errores de procedimiento, tras haber ordenado la detención de Morales.
Gutiérrez acusó a Lanchipa de tratar de proteger al ex mandatario, con quien él había ocupado un alto cargo durante su gobierno entre 2006 y 2019. Un juez falló a favor de Gutiérrez, anulando su destitución.
La investigación de Gutiérrez se centra en un caso de una menor que, supuestamente, tuvo una hija con Morales en 2016, cuando él era presidente y ella tenía 15 años. Los padres de la adolescente habrían consentido la relación a cambio de prebendas, según las preliminares investigaciones fiscales.
Aunque la denuncia no es reciente, había permanecido estancada debido a la supuesta injerencia política en el sistema judicial, según denuncias de organizaciones civiles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en informes la falta de independencia del sistema judicial en Bolivia.
Este caso ha exacerbado la tensión entre Morales y el actual presidente Luis Arce, en una lucha por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y la candidatura presidencial de 2025.
Morales ha acusado a Arce de usar procesos penales en su contra para deshabilitarlo como candidato, mientras que Arce lo acusa de promover protestas sociales para presionar por un acortamiento de su mandato.
La oposición sostiene que el gobierno está utilizando este escándalo para desviar la atención de la crisis económica, caracterizada por un aumento en el costo de vida y un creciente descontento social.
Arce también ha enfrentado críticas por su gestión ante los devastadores incendios forestales que han arrasado aproximadamente siete millones de hectáreas de bosques.
Además, la fiscalía archivó otra investigación por el presunto fraude electoral denunciado por la OEA en las elecciones de 2019, que desató una crisis social que dejó 37 muertos.
Analistas advierten que si el caso de trata de menores avanza, podría marcar el fin de la carrera política de Morales, quien fue el primer presidente indígena de Bolivia y se ha destacado desde los años noventa como líder de los cocaleros.
