Redacción – El magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, quien al haber ocupado el cargo de ministro de Seguridad Pública y luchar contra la delincuencia organizada nacional y transnacional, recibe protección especial por parte de la Unidad Especializada de la Dirección General de la Fuerza Pública debido a su posición de alto riesgo por amenazas que ha recibido.
Esa protección especial al ahora magistrado se da con fundamento en los numerales 12, 139 inciso 3) y 140 incisos 6) y 16) de la Constitución Política; artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 1, 2, 4, 8 incisos c) y d) y 22 de la Ley General de Policía; siempre y cuando los estudios de seguridad de cada persona en particular determinen que, en aras de salvaguardar su vida e integridad física, resulta necesario brindarle ese tipo de servicio.
Asimismo, la protección encuentra su fundamento en los dictámenes N° C-064-1997 y C-293-2003 de la Procuraduría General de la República, máximo órgano asesor consultivo técnico jurídico de la administración pública, el cual ha señalado que:
“…es aceptable y razonable la presunción en el sentido de que quien hubiere ejercido un cargo público directamente relacionado con asuntos policiales de tal nivel, sobre todo vinculados a la lucha contra el tráfico ilegal de psicotrópicos y estupefacientes, constituye una víctima potencial de acciones dañinas o que pueden poner en peligro su vida, su seguridad personal, de su familia o de sus bienes, por motivos de venganza de aquellos a quienes combatió.
De conformidad con las anteriores razones, consideramos que es procedente, razonable y conforme a derecho (artículo 9º in fine de la Ley sobre Sustancias Psicotrópicas y Drogas Estupefacientes, en relación con las normas ya citadas de la Ley General de Policía), brindarle a un ciudadano que ocupa un cargo de máxima jerarquía de un Ministerio de Justicia o de Seguridad Pública, determinada protección policial de un modo razonable… de acuerdo con las circunstancias, una vez que haya cesado en sus funciones”, sostiene el criterio de la Procuraduría.
El magistrado Celso Gamboa Sánchez recibe protección calificada desde el 28 de febrero del 2015 ante riesgos inminentes a su integridad física suscitados y antes eventos recientes.
El detalle de dichos hechos es de carácter restringido y no es factible brindarlos por encontrarse comprometidos aspectos de seguridad de uso exclusivo de las autoridades policiales y judiciales, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y eficacia de las acciones policiales, conforme lo ha preceptuado la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Gamboa fue viceministro de Seguridad Pública, comisionado antidrogas y director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y asumió el 8 de mayo de 2014 la cartera de Seguridad Pública.
El actual magistrado (aunque está suspendido por una investigación sobre el caso del cementazo) cuenta además con amplia experiencia en unidades especializadas de investigación y fungió como fiscal subrogante de la República.
