Redacción- El alcalde Javier Delgado de San Buenaventura, una población rural al noreste de Bolivia, recibió un castigo de parte de los pobladores de la comunidad debido al incumplimiento de sus promesas.
Delgado llegó hasta el lugar para celebrar la entrega de unas obras, pero el grupo de personas no estaba con ánimos de festejos.
Producto de haber «incumplido distintos compromisos» con la población y aparentemente por no atender las solicitudes realizadas por las personas, el alcalde fue aprisionado en un cepo durante más de 40 minutos, en una especie de justicia comunitaria.
Según informan medios locales, el alcalde ya había sido sancionado anteriormente en dos oportunidades por la comunidad, debido al incumplimiento de sus funciones y por haber mentido a sus electores.
Las imágenes que han comenzado a circular en redes sociales, han generado discusión en torno a la legalidad de dichas prácticas.
Según consigna BBC, la Constitución de Bolivia reconoce la justicia indígena originaria, que es la que practican las comunidades para organizarse desde la época precolonial.
Si bien los medios locales, consideraron dicha práctica como «justicia comunitaria», un periodista boliviano de la BBC explicó que el castigo con el cepo no es parte de esta consideración.
«En Bolivia el cepo no es considerado un acto de justicia, ni ordinaria, ni indígena, ni aymara, ni nada. Es un castigo que es parte de los usos y costumbres de algunas poblaciones y sindicatos, que por supuesto es algo ilegal aunque su práctica suceda algunas veces al año», explicó Boris Miranda. #ahoranoticias.cl
