Redacción- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en su sede de Guanacaste, comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) la acusación contra la alcaldesa de Santa Cruz, de apellidos López Gutiérrez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y legislación en provecho propio.
En el mismo requerimiento se acusó al exalcalde del cantón en el período del 07 de febrero 2011 al 30 de abril 2016, de apellidos Chavarría Cantillo, por un delito de influencia en contra de la hacienda pública; todo dentro del expediente 15-001180-0421-PE.
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La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado.
La Procuraduría tiene 13 días, a partir de hoy, para presentar a la Fiscalía la querella y la acción civil. Una vez concluya ese plazo, la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José.
Los hechos:
La representación fiscal acusa a López d, aparentemente, haber recibido más de ¢84.000.000 de forma ilegal, por concepto del rubro salarial de prohibición, que corresponde a un monto del 65% adicional al salario base; esto ocurrió entre febrero del 2011 y mayo del 2015, cuando la imputada fungía como vicealcaldesa.
Para que López recibiera ese porcentaje extra, el 16 de febrero del 2011, el entonces alcalde ordenó la inclusión de la funcionara como empleada del municipio y el pago por concepto de prohibición.
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Acto ilícito:
La acusada fue electa como alcaldesa y se mantiene en el puesto desde el 01 de mayo del 2016 a la fecha, período en el que ocurrió otro de los hechos acusados. Este se relaciona con un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el 28 de marzo del 2017.
Ese día, dicho órgano acordó contratar un abogado externo para, en la vía contencioso administrativa, tramitar la anulación de las gestiones administrativas que permitieron el pago presuntamente indebido de más de ¢84.000.000; no obstante, 01 de abril, López emitió un acto administrativo que vetó al acuerdo del Consejo Municipal para la contratación del abogado.
¿ De casualidad tambien del PLN ?
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