Redacción. El diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, denunció ante la Procuraduría de la Ética a la viceministra de Justicia, Viviana Boza y al director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, por posibles faltas al deber de probidad, eventuales responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal.
La denuncia se da porque ambos funcionarios autorizaron la salida temporal de una persona privada de libertad del CAI Jorge de Bravo, para participar en la Marcha de la Diversidad del 23 de junio del 2019.
Viales asegura que violentaron la normativa reglamentaria y la resolución del Consejo Técnico Interdisciplinario del CAI Jorge Debravo, que no autorizaba la salida de la persona privada de libertad de ese centro penitenciario, para participar en dicha actividad.
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Es necesario indicar que el Reglamento del Sistema Penitenciario, establece en los artículos 184 y 185, los procedimientos para autorizar salidas temporales de las personas privadas de libertad y sólo pueden ser autorizados por los Consejos Interdisciplinarios de los Centros y los Consejos de Intervención Profesional de las Unidades de Atención.
Viales remitió en junio pasado un oficio al Ministerio de Justicia, solicitando información sobre este caso y si existió algún criterio técnico y las razones que mediaron, para autorizar el permiso temporal.
Ante esto, Boza mediante el oficio DVJ-074-2019, señala que se cumplió con el Protocolo de autorización de salida, así como con el “Reglamento del Sistema Penitenciario”.
Sin embargo, según las pruebas aportadas por el legislador ante la Procuraduría, tanto Boza como Bertozzi faltan a la verdad.
Viales señaló que presentó la denuncia porque considero que existe una posible violación al deber de probidad y eventuales responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por parte de la viceministra de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y el director de la Policía Penitenciaria.
El legislador criticó que la viceministra inclusive marchó con estas personas a sabiendas de que se había establecido un procedimiento fuera del ordenamiento jurídico.
Viviana Boza, viceministra de Justicia, aseguró que ella está con toda la disposición de las autoridades para dar toda la información que requieran y aclarar los hechos.
