- Entidad busca resguardar la salud y seguridad alimentaria
Redacción‐ La Sala Constitucional votó a favor de un recurso de amparo presentado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
Villalta presentó un recurso para solicitar que se tomarán acciones regulatorias en el uso del plaguicida neonicotinoides en los agroquímicos.
Según la resolución de la Sala IV, el objetivo es proteger la biodiversidad, la salud y seguridad alimentaria.
«La Sala Constitucional, en garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordena al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel (especie clave para la biodiversidad) del uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides», señaló la entidad.
La entidad indicó que procuran mejorar las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población.
El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica.
La resolución señala que “de encontrarse (en el estudio) riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.
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El Tribunal advierte en el fallo que en la protección de los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro.
“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo.
En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.
Villalta acudió al Tribunal luego de que el Ministerio de Agricultura le rechazara una serie de gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos.
