- Legisladora afirmó sufrir violación de sus derechos fundamentales
Redacción- El recurso que interpuso la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda, en contra del OIJ y la Fiscalía por un allanamiento en su oficina, fue rechazado.
Magistrados de la Sala Constitucional declararon sin lugar el habeas corpus que interpuso la diputada.
La diputada alegaba que sus derechos fundamentales habían sido violentados el día que se intervino su despacho y el de sus asesores.
Segreda es sospechosa de cometer tres delitos: desobediencia, prevaricato y tráfico de influencias.
El allanamiento fue liderado por la fiscal general, Emilia Navas, y fue autorizado por la Sala Tercera.
La legisladora fue denunciada porque, aparentemente, presionó al director financiero de la Asamblea Legislativa, Mario Delgado, para que no realizara un embargo a su salario por una deuda de más de ¢26 millones tras la venta de una casa.
El día de la diligencia judicial, Segreda sufrió un quebranto de salud, por lo que acusó que las autoridades tenían la culpa por no dejarla comer; sin embargo, la Sala IV determinó que no fue así.
«Los funcionarios recurridos, durante las diligencias de allanamiento, le manifestaron a la tutelada y a las demás personas presentes que podían comer, ya sea ingiriendo la comida que hubieran llevado o coordinando que se les llevaran alimentos al sitio», señala la resolución de la Sala.
Además, Segreda afirmó que había sido detenida junto con su equipo de trabajo, lo que también fue desestimado por los magistrados.
«Las autoridades recurridas informaron bajo juramento a esta Sala que ni la tutelada ni sus asesores fueron detenidos, apresados o aislados durante el allanamiento llevado a cabo el día 26 de noviembre de 2019 y que, por el contrario, siempre tuvieron la posibilidad de movilizarse sin problema alguno», indica el informe.
