Redacción. La pandemia del coronavirus (Covid-19) tendrá un impacto para la economía nacional y es por eso, que la jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, presentó el proyecto de ley #21.838: Ley especial de salvamento de empresas ante la declaración de pandemias», que tiene el objetivo de beneficiar a las compañías nacionales.
El proyecto de ley define acciones en cuanto postergar el pago del Impuesto del Valor
Agregado (IVA), ajustes en el pago de aporte patronal, adecuación de deudas con
bancos del Estado, y establece un mes para que el Gobierno de la República redacte el reglamento necesario para la vigencia de esta nueva ley.
Las repercusiones económicas del COVID-19 representan un enorme desafío para la
economía nacional -dijo la legisladora- por eso, se contempla en la iniciativa que en un plazo de cuatro meses se le brinde al sector productivo medidas de carácter
atenuante y temporal.
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Entre ellas, se destacan: las microempresas y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como las micro y pequeñas empresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que demuestren una reducción en sus ventas mensuales de al menos un 20% con relación al mismo mes del año anterior, podrán postergar el pago del IVA por un máximo de tres meses.
Las demás empresas podrán acceder a este beneficio cuando así lo requieran, siempre
y cuando demuestren una reducción en sus ventas mensuales de al menos un 35% con
relación al mismo mes del año anterior.
El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo realizar los arreglos de pago y establecer
vía reglamento lo que corresponda.
Además, autoriza a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ( CCSS)
para que, como medida temporal, establezca el pago del aporte patronal con base
en el pago presuntivo que indique el patrono, durante el periodo de vigencia de esta
ley, mientras se demuestre que mantendrá o aumentará la cantidad de trabajadores en
la planilla.
A ello, se suma el apoyo de los bancos comerciales del Estado para adecuar las deudas
aplicando la reducción de tasas de interés, capitalización de intereses o ampliación de
plazos de la operación de crédito.
