- Poder Judicial no ha facilitado mecanismos para quienes pagan pensión
- Ministerio de Justicia solicitó suspender detenciones por pandemia
Redacción – La pandemia Covid-19 ha impactado diferentes sectores, incluido a quienes pagan pensión alimentaria, pues algunos han sufrido despidos, rebajos de salario por reducción de jornada o suspensión de contrato laboral.
De momento no hay ninguna propuesta del gobierno, pues eso le corresponde al Poder Judicial.
Por eso, lo único que usted puede hacer actualmente es acercarse a un Juzgado y solicitar que un juez de familia establezca otro monto para la pensión.
Usted debe presentar toda la documentación correspondiente que conste que tuvo un impacto económico en su salario para que el juez, con respecto a su salario y a las necesidades de la persona a la que usted le paga pensión, establezca un nuevo monto.
Es decir, de momento no hay ninguna medida que ampare a los ciudadanos costarricenses que deben pagar pensión, pero también las autoridades toman en cuenta que la parte que recibe el dinero, como un hijo o hija, lo necesita.
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Las personas que incumplan con el pago de pensión son ingresadas a la cárcel por ley, por lo que el Ministerio de Justicia y Paz solicitó la suspensión de esta medida por pensión alimentaria en el marco de la emergencia nacional.
La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, envió el oficio a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
«Se solicita valorar la suspensión de las órdenes de apremio corporal, y en su lugar, tratar de promover asistencia interinstitucional en favor de la parte acreedora alimentaria, o bien, el uso de mecanismos electrónicos de monitoreo», dice la jerarca Salazar en el oficio.
El primer caso de Covid-19 se presentó el 6 de marzo anterior y, a partir de ahí, iniciaron las complicaciones económicas en los diferentes sectores del país.
Semanas después, seguían ingresando personas por no pagar la pensión alimentaria que les corresponde.
La semana del 15 al 22 de marzo entraron 51 personas; del 22 al 29 del mismo mes, se sumaron 44; para un total de 95 nuevos ingresos, de acuerdo con el departamento de comunicación de Justicia y Paz.
Con corte al 1° de abril, son 388 personas las que permanecen en apremio corporal y de esas, siete son mujeres.
AMPrensa.com consultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) si contemplaron, al momento de proponer las medidas laborales, el tema de las pensiones, a lo que respondieron:
«Se ha estado en conversaciones con jueces de familia de manera que se pueda atender la situación».
Este medio está a la espera de una posición de la ministra Giannina Dinarte o el viceministro Rodrigo Marín con respecto a lo mencionado por ese departamento de comunicación.
