- Ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, y el presidente de Incop, Juan Ramón Rivera, son los otros investigados
Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, ahora enfrenta otra investigación de la Fiscalía General, pero esta vez junto a dos jerarcas más por supuestos sobornos en la negociación para la concesión del muelle de Puerto Caldera.
Así lo reveló Diario Extra, al destacar que las autoridades también investigan al ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, y el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Juan Ramón Rivera.
El delito que se investiga es cohecho propio.
AMPrensa.com consultó al Ministerio Público sobre este caso y confirmaron que la investigación se sigue bajo el expediente 19-001207-0332-PE.
De acuerdo con el departamento de prensa, la Fiscalía General solicitó a la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) una serie de diligencias.
La denuncia se hizo en el 2019 y el caso está siendo tramitado dicha Sección del OIJ, pues los investigados integran uno de los Supremos Poderes y cuentan con un fuero especial.
La denuncia: supuesta red criminal
Según ese medio, en la denuncia se habla de una presunta red criminal para obtener sobornos a través de las negociaciones de proyectos.
La concesión actual del muelle la tiene la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. desde el 2006 por un periodo de 20 años que es lo máximo que permite la legislación costarricense.
Además, los denunciantes citaron una supuesta reunión que sostuvo Alvarado con representantes del concesionario para presentar una propuesta de inversión por $150 millones para mejorar la infraestructura del proyecto.
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En la denuncia se indica que la empresa mencionada, aparentemente, habría ofrecido sobornos a través de Garnier y Rivera.
Además, se indica que el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico se realizó con concordancia a la Sociedad, con el fin de justificar una renovación.
«Aquí se evidencia un conflicto de interés para beneficiar a la concesionaria de Puerto Caldera en contra de los intereses nacionales que deben ser un puerto de primer nivel, el cual está muy largo de la propuesta presentada por la concesionaria y del resultado del Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, ambos que resultan prácticamente iguales», dice la denuncia, según Diario Extra.
Por eso, el denunciante cuestiona que sea el mandatario del Ejecutivo quien defina la ampliación del período de concesiones.
«No se entiende por qué razón el Presidente de la República define en última instancia la ampliación o no de las concesiones vigentes cuando existe un Consejo Nacional de Concesiones como ente técnico responsable de dichas decisiones. Esto explicaría que por medio del Sr. André Garnier Kruse, ministro de Coordinación con el Sector Privado, el Sr. Carlos Alvarado Quesada estaría negociando sobornos a los actuales concesionarios para ampliar sus contratos, esto en detrimento de los intereses nacionales», agrega la denuncia.
Diputados reaccionan
La legisladora de Liberación Nacional, Franggi Nicolás, se pronunció al respecto de esta investigación de la Fiscalía y afirmó que no puede pasar desapercibido.
«Se trata de una aparente red criminal para obtener sobornos a través de concesiones hechas a la medida para favorecer a una empresa en particular», escribió.
Resaltó que de por medio está en juego el desarrollo de la Provincia de Puntarenas y la calidad del servicio portuario y muchísimos millones de dólares de ganancia para la empresa que continúe con la administración de este servicio.
Además, varios diputados presentaron la tarde de este martes una moción para que la Comisión Control del Ingreso y Gasto Público investigue las negociaciones para la concesión y obras del muelle de carga general en el puerto de Caldera.
Como parte de este proceso, los congresistas proponen que comparezcan ante la Asamblea Legislativa el presidente, Garnier, Rivera y el Gerente de la Sociedad Portuaria de Caldera.
