Redacción. Fuertes acusaciones externó el diputado del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, quien dijo que a los congresistas de Liberación Nacional y otros partidos una empresa relacionada con las cervezas le había doblado el brazo, para excluir esas bebidas alcohólicas del expediente: 20.961: Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico.
Esto generó una gran molestia entre los congresistas del PLN quienes negaron las acusaciones y las catalogaron como infundadas, así como del diputado, Erick Rodríguez.
La iniciativa fue impulsada por Daniel Ulate y aprobada con 35 diputados a favor.
“La Ley pretende darle más herramientas al estado para atacar fuertemente el contrabando de licor en Costa Rica desde la perspectiva de evasión fiscal como también desde el ámbito de la salud pública de los costarricenses” dijo el diputado liberacionista.
El diputado además añadió que el mercado negro del licor es un excelente negocio porque mientras una botella de 365 ml de Guaro Cacique, fabricado y distribuido por la Fábrica Nacional de Licores, tiene un costo al detalle de aproximadamente ¢1.900 de los cuales ¢1000 se destinan al pago de impuestos, una botella con contenido similar y de la misma presentación pero de marcas contrabandeadas y envasada en condiciones insalubres, se puede conseguir desde los ¢600 colones, por supuesto sin aportar un solo colón al erario público.
