- Personas podrían perder sus propiedades por no poder pagar los créditos
Redacción. Un gran número de costarricenses debieron acogerse durante esta pandemia a prórrogas, restructuraciones y refinanciamientos para poder cumplir con sus obligaciones crediticias ante los bancos y no perder sus propiedades o entrar en cobro judicial.
Sin embargo, una normativa aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión Financiera (Conassif) y recomendada por la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF), elimina completamente esta flexibilización y más bien está solicitando a los bancos para que procedan a reflejar el nivel o calificación de capacidad de pago a cada cliente y en función de ello, proceder con las estimaciones correspondientes.
Esto limita que saquen nuevos créditos o que adecúen plazos para salir de deudas y esto afecta la economía familiar y la reactivación económica.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, aseguró que es entendible que las autoridades regulatorias quieran tener claros los riesgos de las carteras de crédito.
“Pero, la verdad es que la situación de los deudores no ha cambiado mucho y los niveles de incertidumbre siguen siendo altos, por lo que, aplicar gradualidad en la implementación de las nuevas disposiciones hubiera sido recomendable, y así tener más y mejores elementos que permitan evaluar la capacidad de pago de los deudores y realizar las estimaciones correspondientes”, destacó.
De marzo a junio del 2020, se readecuaron más de un millón de operaciones por un monto que superó los ₵6,8 billones.
Esto representa el 40% del total de las carteras de crédito, según datos de la Asociación Bancaria Costarricense.
El problema de cambiar las reglas del juego para el sistema bancario es que todavía persiste la incertidumbre de cuánto durará la pandemia, cuyos efectos se hacen evidentes en la desaceleración de la economía nacional.
A partir de la declaratoria de emergencia nacional el 16 de marzo de 2020, ante la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, y conforme las medidas de restricción y aislamiento social fueron impactando con severidad la actividad económica del país, las autoridades financieras adoptaron medidas de flexibilización con vigencia hasta el 30 de junio de 2021, sin embargo, ahora se cambia esta normativa.
En ese momento, el Consejo Económico solicitó la colaboración de los bancos para realizar las gestiones necesarias para facilitar y flexibilizar el pago de deudas para que las personas puedan cumplir con sus obligaciones:
- Disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito.
- Extensión del plazo de los créditos.
- Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario.
- Pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad.
Además, en ese momento, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó ampliar al 30 de junio de 2021 la opción de renegociar hasta dos veces en un periodo de 24 meses las condiciones pactadas de los créditos, sin que dichos ajustes tengan efectos negativos en el expediente de los deudores en el Centro de Información Crediticia (CIC). Situación que se cambia con esta regulación.
Se consultó a los bancos públicos y privados y quedaron de dar una respuesta mañana. Al igual, que al Consejo Nacional de Supervisión Financiera.
