- Miembros eran dos hombre y dos mujeres
- Caso ocurrió en agosto de 2019
Redacción- Un grupo criminal que obligaba a personas a introducir drogas y celulares a las cárceles del país, fue condenada a 112 años de prisión.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes demostró que los cuatro miembros del grupo son responsables de cometer los delitos de trata de personas con fines de servicios forzados y violación agravada.
Ante la prueba presentada por este despacho, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció a dos hombres y dos mujeres:
- Ana Cecilia Quirós Corrales: cuatro años de prisión por el delito de trata de personas
- Jully Tatiana Madrigal Quirós, 36 años de prisión por los delitos de trata de personas y violación
- Jonathan Madrigal Quirós, 36 años de prisión por los delitos de trata de personas y violación
- Danny Alejandro López Padilla, 36 años de prisión por los delitos de trata de personas y violación
La Fiscalía acusó a estas personas por hechos ocasionados en perjuicio de un hombre y una mujer, sin embargo, el Tribunal solo los condenó por lo ocurrido en relación con el primero.
Por esta razón, el Ministerio Público esperará la sentencia integral para analizarla y valorar si apela o no, lo correspondiente a las conductas en perjuicio de la ofendida.
Caso
Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 24 de agosto del 2019, cuando los sentenciados conformaron la agrupación.
El grupo se dedicaba a captar personas mayores de edad en condición de vulnerabilidad, situación de calle, con problemas de adicción, sin redes de apoyo familiar y sin trabajo.
Fiscalía logró probar que los imputados engañaron al ofendido haciéndole creer que le darían trabajo, por lo que él accedió trasladarse hasta la casa de ellos, en San José.
Una vez en la casa, mantuvieron a la víctima privada de libertad y, bajo el uso de violencia, coacción y amenaza, la obligaban a introducirse celulares y droga por sus partes íntimas, lo que constituyó el delito de violación.
Los hombres trasladaron al ofendido hasta el centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, donde, bajo amenazas, lo obligaron a ingresar con esos objetos, para que los entregaran a las personas privadas de libertad.
