Redacción- La Defensoría de los Habitantes se opone a la iniciativa del Consejo de Transporte Público (CTP), que pretende no aplicar la rebaja en las tarifas de autobuses que por Ley corresponde.
En una audiencia pública realizada la tarde de ayer martes, la Defensoría respaldó la propuesta de “Fijación tarifaria extraordinaria a nivel nacional para el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús: I semestre de 2021”, que genera una disminución del 4,78% en el valor de las tarifas para todas las rutas contenidas en el pliego tarifario vigente.
Así lo dio a conocer la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, en una coadyuvancia presentada ante la ARESEP. Esta fijación extraordinaria de tarifas, a nivel nacional para el servicio autobús, incluye la actualización de los valores de los insumos de mantenimiento.
En su presentación, la jerarca de la Defensoría, llamó la atención de la Autoridad Reguladora sobre el contenido del oficio N° CTP-DE-OF-0732- 2021, de fecha 19 de mayo de 2021, suscrito por el director del Consejo de Transporte Público y remitido al señor Regulador de los Servicios Públicos.
Mediante este oficio, el Consejo de Transporte Público (CTP) traslada a la ARESEP, los acuerdos adoptados mediante sesión ordinaria N° 37-2021, artículo 4.1 de la Junta Directiva de ese Consejo, concernientes a elevar una excitativa para que se dispongan de acciones concretas que “impidan una mayor afectación de la situación económica a los concesionarios y permisionarios del servicio público remunerado de personas modalidad autobús, a efecto de salvaguardar el principio de continuidad del servicio público de miles de usuarios que requieren ese servicio”.
Bajo ese escenario, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público solicitó se valore, por las instancias competentes, suspender, ampliar o prorrogar cualquier obligación, rebaja de tarifas, incremento de cánones y de derechos asociados a la actividad en tanto se retomen las condiciones de normalidad bajo las cuales se suscribieron los contratos de concesión.
Al respecto, la Defensoría de los Habitantes advierte sobre la carencia de fundamentación jurídica y técnica de la solicitud que la Junta Directiva del CTP remite a los entes reguladores, apoyándose únicamente en una realidad nacional y mundial que agravia no solo al sector autobusero sino a todos los sectores del país, al igual que a los usuarios, como es el impacto que la COVID-19 ha tenido en la economía mundial y nacional, lo que a su vez ha resultado en una afectación innegable a todos los sectores económicos y la población en general.
La Defensoría manifestó que el Estado ha impulsado medidas para disminuir el impacto económico y proteger el empleo; es así como a empresas del gremio autobusero se les aprobó la reducción de la jornada laboral y se beneficiaron de la disminución de la carga impositiva en el marchamo 2021.
Aunado a lo anterior, se exoneró a los empresarios autobuseros el 25% del canon correspondiente a ARESEP para el año 2020, lo cual tuvo un impacto significativo en la variable de gastos administrativos, que a su vez significó una reducción de tarifas en el modelo de ajuste extraordinario para el servicio de autobús.
