San José – Sin contar los 55 millones de colones mensuales para el edificio que albergará la Sala Constitucional, el Poder Judicial gasta un total de 4 mil 481 millones por año en alquiler de edificios en todo el país.
Actualmente ese poder supremo alquila 164 edificios en todo el país, entre ellos, 32 se pagan en dólares y otros 132 en colones.
En total se pagan 237 mil dólares (unos 128 millones) por mes solo por las edificaciones que se alquilan en dólares, mientras que los otros 132 en colones se pagan 278 millones de colones, para un total de 406 millones de colones mensuales por este concepto.
El edificio más caro que se alquila es el destinado para ubicar la Plataforma de información policial del OIJ, ubicado en San Pedro. Por él se pagan 71 mil 980 dólares, unos 38 millones de colones.
En segundo lugar, se encuentra el edificio para ubicar al Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de San José. Su alquiler tiene un costo de 31 840 dólares (17 millones de colones). Seguido de este, está el arrendamiento para alojar a la Sala Segunda con 11 millones de colones.
Existen alquileres desde 331 mil colones para una Bodega de la Unidad Administrativa de Guanacaste hasta varios de 10 millones de colones, como por ejemplo el local para albergar al Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José.
AMPrensa.com consultó a la dirección ejecutiva sobre la razón por la cual el Poder Judicial no compra los edificios en vez de destinar los 4 mil millones de colones al año para alquiler de edificios.
Respondieron que a raíz del problema fiscal del país no pueden hacer esa inversión por lo que se ven obligados a alquilar.
«La crisis presupuestaria que enfrenta el país y los ajustes que año con año el Poder Judicial debe hacer a su presupuesto impiden que se invierta en infraestructura y por ello se deben alquilar edificios para albergar despachos judiciales y brindar el servicio público», explicó Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial.
De igual forma, Romero señaló que firmaron un contrato con el Banco de Costa Rica para construir 14 proyectos de construcción en un plazo de 30 años.
Para el diputado de Alianza Demócrata Cristiana de Cartago, Mario Redondo, ese gasto que se da por alquileres es la señal de que en el Poder Judicial no hay austeridad.
«En la administración pública no hay una postura de austeridad. Dentro de esa realidad está el Poder Judicial, tiene rubros gasto que realmente salen del contexto de la economía y ese dato lo ratifica de que no hay ahí una cultura tendiente de racionalizar», expresó el legislador.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís prefirió no referirse explícitamente ante el tema; no obstante, sí reclamó el que no se reduzca el presupuesto del Poder Judicial.
«En todo la Corte ha aumentado el presupuesto de forma voluminosa año con año en todos los rubros, por eso en el primer año yo propuse una moción para que se frenara el aumento en el presupuesto pero fue rechazada», dijo Solís, quien prefirió no opinar sobre si es o no exagerada la cifra.
