- Consejo pide que se suspenda esta prueba de factores asociados para los estudiantes de secundaria
Redacción – Las preguntas planteadas en la prueba FARO del viernes pasado, no fueron las que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le presentó al Consejo Superior de Educación, según revelan en el pronunciamiento oficial.
«Las preguntas aplicadas se apartaron de los parámetros definidos en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y fueron muy distintas al tipo de preguntas de contexto presentadas por el Ministerio ante este Consejo, como ejemplo de lo que se aplicaría, y también fueron distintas a las preguntas aplicadas en el pilotaje en el 2019», dicen los miembros del consejo.
Aseguran, además, que la aplicación de la prueba fue tortuosa e injustificada, pues se les causó niveles de angustia inaceptables, e incluso se les violentó su derecho a la privacidad.
La prueba fue cuestionada porque, además de su contenido, duró entre cuatro y cinco horas.
Niños y niñas con edades entre 10-12 años tuvieron que permanecer horas en un aula rellenando «bolitas» para responder numerosas preguntas para, según el MEP, conocer cuánto influye el contexto en las calificaciones.
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Entre las preguntas destacaban las que consultaban el tipo de cielo raso que tenía su casa de habitación, si esta era propia y completamente pagada; alquilada o prestada, el estado de las paredes y del piso, entre otras.
Por su parte, el Consejo Superior de Educación solicita, con carácter de urgencia, suspender la aplicación de la herramienta de factores asociados en la aplicación de las pruebas FARO a los colegiales.
También piden a la cartera educativa un informe sobre lo acontecido en las pruebas FARO y factores de contexto asociados al rendimiento del estudiante.
«Que se identifique (en el informe) rigurosamente los problemas, incluyendo también los procesos de contratación y costos y se sienten las responsabilidades del caso y se garantice, tanto al Consejo como a la comunidad educativa nacional, que esto no volverá a repetirse», indicaron.
Ahora, las pruebas no pueden ser manipuladas ni procesadas por el MEP. Deberán entregar la totalidad al Tribunal Contencioso Administrativo para que sean custodiadas de forma judicial.
El Consejo Superior está integrado por los exministros de Educación, Leonardo Garnier Rímolo y Manuel Antonio Bolaños Salas, así como otros representantes de primaria y secundaria.
