Gustavo Araya
Experto en Turismo
Pareciera que estoy reviviendo un muerto. Pero la verdad, nunca se ha velado bien. Hace unos años la propina generó una de las controversias sociales más importantes en virtud de una resolución de la Sala Constitucional que estableció el carácter salarial de la misma en virtud de la legislación que había vigente en ese entonces.
Por primera vez en mucho tiempo, tanto empleados como patronos estuvimos de acuerdo en el grave error que estaba cometiendo desde el punto de vista económico-social la Sala IV.
La propina es una gratitud (obligatoria, por cierto, tema del que hablaré al final de este artículo) por el servicio dado en la mesa por los saloneros. Esta Ley databa del año 1972 y fue un gran logro para los trabajadores gastronómicos en ese entonces y hoy. Sin embargo, en el año 2010 la Sala IV, en un caso en concreto, determinó el carácter salarial de la propina.
Esto afectaba a los trabajadores que ahora debían cotizar ante la CCSS por su porción y por supuesto a los restaurantes que ahora incrementarían su cuota en su porcentaje por un dinero que claramente no era aportado por el patrono, sino por el tercero consumidor de los servicios. En otras palabras, no había relación de conexidad entre la propina y el patrono.
Ahora bien, lo justo es decir, como todo en la vida, que algunos “vivos” (a mí me gusta más llamarlos por sus nombre: estafadores) no entregaban este 10% a los trabajadores y por el contrario, engrosaban sus utilidades con este rubro. Pero claramente, esos son la minoría, pues dichosamente, los empresarios gastronómicos han tomado conciencia de ello.
Así las cosas, en un esfuerzo en conjunto entre la administración de doña Laura Chinchilla, los diputados de esa legislatura, las Cámaras y un nuevo sindicado de saloneros, logramos un acuerdo para que una nueva ley entrara en vigencia y, de una vez por todas, aclarara el NO carácter salarial de las propinas.
Pero a su vez estableció una serie de parámetros sobre el pago y distribución de la misma. Casi todos estuvimos de acuerdo con el texto general, y, de nuevo, como casi siempre en la vida, unos cuantos no estuvieron satisfechos e intentaron bloquear el acuerdo.
No obstante, el problema con la interpretación de la misma no solo no ha fenecido, sino por el contrario toma otras dimensiones. Uno de ellos es el carácter de obligatoriedad de la misma, sin que ello signifique un nuevo impuesto o tasa, sino un cobro por servicio aceptado por la Ley.
Esta definición no ha sido clara para algunas instituciones gubernamentales. Como suelo decir las cosas como son, claramente menciono dos: el MICIIT y el INA (curiosamente esta última es quien entrena a la mayoría de ellos, pero no reconoce su obligatoriedad).
Como debe ser del conocimiento de todos, la instituciones gubernamentales, centrales o descentralizadas, cuentan con una exoneración del pago de todo tipo de impuesto. (la única exoneración que ni se habla en el tema fiscal). Pues bien, los departamentos legales de ambas instituciones han manifestado por escrito la NO obligatoriedad del pago del 10% al servicio a por parte de esas instituciones por cuanto la ley los exonera del pago de cualquier impuesto.
Así las cosas, por escrito han establecido que dicho pago no lo harían. No me puedo explicar cómo dos departamentos legales de instituciones tan importantes pueden llegar a semejante conclusión, pero la realidad es corroborarle.
El otro problema aún vigente se divide en dos; quienes por desconocimiento hacen la distribución de forma incorrecta o quienes con pleno conocimiento y dolo hacen la distribución de forma incorrecta o del todo no lo distribuyen.
El primero más frecuente que el segundo, pero el segundo mucho más dañino que el primero. Y ambos se combaten con dos formas, inspecciones laborales por parte del Ministerio de Trabajo.
Si bien es cierto el Ministerio probablemente dirá que no tiene el personal requerido, me preguntaría primero, tiene una estrategia para reaccionar con el personal actual. La respuesta la conozco porque la he indagado: NO LA TIENE.
Con esto bastaría ir a los lugares más frecuentes donde estos derechos son irrespetados. Algunas zonas costeras como Santa Teresa y Dominical (que se convierten en tierra de nadie en esto y muchas cosas más) e ir sentando un precedente publicitado para que los “vivillos” que actúan así por dolo o desconocimiento puedan comprender las repercusiones de seguir esas prácticas.
El tercer problema que se genera y es aún más profundo en su raíz y en su solución y es la calidad del servicio en virtud de la obligatoriedad del mismo.
Ciertamente estamos en un país que no cuenta con la cultura de felicitar las buenas acciones, en muchos de los ámbitos de la vida, pero más frecuentemente en lo que respecta a la contratación de servicios.
Sumado al hecho, que también por cultura, el costarricense no suele ser tan servicial como en otros países. Esto genera que no nos sintamos satisfechos en muchos casos con el precio que pagamos que se incrementa en 10% por el tema del servicio y por otro lado genera que no necesariamente exista un servicio si quiera aceptable por cuanto el “premio” será siempre el mismo.
Durante la discusión de la nueva Ley en el año 2012, los diputados del Partido Movimiento Libertario intentaron meter el tema de la obligatoriedad, pero por acuerdo entre todas las partes parecía que esto retrasaría la obtención de lo requerido (eliminar el carácter salarial de la propina) y se desistió de ello.
No obstante, desde entonces han transcurrido 5 años y pareciera un momento prudencial para que todas las partes no sentemos de nuevo a simplemente discutir esta posibilidad que, claro, deberá llevar propuesta que sean ganar-ganar para todas las partes como, por ejemplo, aceptar un aumento en el salario de los trabajadores para compensar de alguna forma una posible pérdida de esta porción de sus ingresos, pero también con plazos y un plan establecido de tal suerte que ello tampoco signifique un aumento sustancial en los gastos de los restaurantes, pero que podría generar un aumento en la cantidad de clientes por una obvia razón: los precios se podrían reducir y mejorar el servicio.
Parece que se acerca la hora de poder discutir esto de forma abierta y transparente. Las condiciones están dadas.
La proliferación de restaurantes en Costa Rica ha generado una guerra encarnizada por la sobrevivencia de los restaurantes y con una frecuencia espasmos vemos como en cuestión de un año en un mismo local comercial se han colocado ya 3 restaurantes distinto.
Esto también por supuesto genera muchas dudas de la procedencia de los fondos de esos restaurantes, pero eso será tema profundo de otro artículo en el cual hablaré sobre el lavado de dinero en el Sector Turístico.
Por el momento ¡Bon Appétit!
