San José- Tras la polémica surgida en las últimas semanas en torno al tema de las pensiones que reciben los magistrados y el monto de las mismas, este lunes, en sesión de Corte Plena, los jueces superiores acordaron dejar el tope a las pensiones en manos de los diputados.
En las últimas semanas, la oposición mostrada por varios magistrados en torno a la decisión que se discute en la Asamblea Legislativa para poner un monto máximo agitó diversos sectores.
Desde inicios de este mes, los diputados discuten una serie de reformas en torno a las pensiones que se otorgan en el Poder Judicial. La iniciativa pretende fijar con un monto máximo de ¢4,7 millones de colones el monto mensual que reciben por jubilación los magistrados. Actualmente, algunas de estas pensiones llegan hasta los ¢9 millones.
Además, los diputados pretenden que aquellas pensiones que pasan el monto máximo que se discute, brinden un aporte solidario que significaría el 20% sobre el exceso, sin tener en cuenta que el monto podría llegar hasta el 50% y considerar además la edad de retiro.
Quienes objetaron esta serie de recortes particularmente han sido los magistrados Ernesto Jinesta, presidente de la Sala Constitucional y Fernando Cruz, también integrante de dicho órgano.
Ambos jueces estudian varios recursos de amparos interpuestos por el tema de recortes a pensiones de lujo de ex diputados y otros ex funcionarios y que recaen directamente sobre el presupuesto nacional.
A raíz de la polémica, la presidencia de la Corte optó por discutir el tema en el seno de los 22 magistrados, quienes acordaron dejar en manos de los diputados que definan el tope, monto máximo así como edad de jubilación para los servidores judiciales.
