- Delitos sexuales no deben prescribir, afirma gobierno
San José – Un total de 500 niñas por año quedan embarazadas en Costa Rica, en la mayoría de los casos producto de una violación, según registros del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
Esa entidad ve con preocupación la cifra, la cual la considera alarmante, en virtud de que en muchas ocasiones los casos no trascienden a una denuncia formal, lo cual impide castigar a los responsables de violación.
«En una cantidad importante de casos, los abusadores de menores de edad son personas muy cercanas que conviven o que gozan de la confianza de la menor. En muchos casos los ofensores suelen ser los padres, padrastros, hermanos, tíos o algún otro familiar masculino que se aprovecha de su condición para acercarse», explicó Alejandra Mora, ministra de la Mujer.
La jerarca señaló que precisamente el silencio, por medio de amenazas, sostiene el número de casos de violación en el país.
Por ello, el INAMU informó este miércoles que trabaja en una Comisión de Violencia Doméstica de la Corte para analizar cómo la especificidad de la violencia sexual en las niñas y adolescentes, incide en las decisiones judiciales de dejar en libertad a los presuntos abusadores sexuales de sus hijas, como en el caso reciente, en el que un padre de familia habría violado y embarazado a su hija de 14 años y que quedó en libertad.
Las autoridades del gobierno afirman que los delitos sexuales no deben prescribir, pues resulta previsible que los condenados por violación o delitos relacionados reincidan en sus actos.
En el Código Penal costarricense la prescripción de los delitos sexuales contra una persona menor de edad corre a partir de que la víctima cumple 18 años de edad, o de que esté en condiciones de poner una denuncia, siendo que en su mayoría las víctimas son mujeres con una estigmatización social y un abordaje parcializado que re victimiza, juzga y silencia.
“Un gran porcentaje de víctimas no accede a la justicia por una serie de procedimientos que re victimizan e inhiben la denuncia. A ello se suman los factores emocionales y psicológicos que trastornan la vida de las víctimas, con el agravante de que el agresor es una persona cercana y de confianza, lo que genera más silencios», concluyó Mora.
La institución insiste a los ciudadanos en que se debe romper el silencio y denunciar.
