San José – El próximo gobierno está obligado a promover la reactivación económica del país, así como también a tener la voluntad política para combatir el déficit fiscal.
El 2017 fue un año que inició con grandes expectativas; sin embargo, ante la falta de claridad y de decisiones con convicción por parte del gobierno, lo tornó en un periodo colmado de incertidumbre, sin que la administración asumiera con convicción el liderazgo que le correspondía para lograr los avances estructurales que urgen al país en materia fiscal y de infraestructura, y enfrentando uno de los casos de corrupción más grande que se haya visto en el país, y el cual permeó en los tres poderes de la República.
Así resume el sector empresarial privado, representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), este 2017, destacando siguientes temas como los más sensibles:
- Claro desinterés del gobierno en lograr una solución integral al problema fiscal que enfrenta el país:
El gobierno ha sido incongruente y poco responsable en su gestión sobre los proyectos fiscales. UCCAEP denunció en su momento el retiro de la corriente legislativa de los proyectos para paliar el déficit fiscal y frenar el gasto público, así como que el gobierno haya centrado su mensaje en amenazas ante un panorama “apocalíptico” de estar cerca de una falta de liquidez, la cual el gobierno pudo evitar si hubiese tomado las medidas correctas y a tiempo.
“Es evidente que el sector empresarial esperaba que el Gobierno fuera consecuente con el discurso sobre la importancia de atacar el déficit fiscal a la brevedad, más aún cuando existía un acuerdo de revisar los temas de gasto antes de entrar en la discusión de los ingresos; sinceramente lamentamos mucho que se haya perdido esa gran oportunidad, por falta de interés y liderazgo por parte del Ejecutivo”, destacó Franco Arturo Pacheco, presidente de la UCCAEP.
- UNOPS y la falta de transparencia
La Unión de Cámaras cuestionó la contratación de UNOPS, para algunos proyectos indispensables de infraestructura vial, ante la falta de transparencia. La decisión de contratar esos proyectos (renovación del puente sobre el Río Virilla en Tibás y el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales) fue de la administración del CONAVI.
Los representantes del sector privado votaron en contra de que los expedientes de la obra fueran confidenciales, y respaldaron la decisión de la Contraloría General de la República de anular los contratos.
“Deben sentarse las responsabilidades en la administración, así como de la unidad ejecutora de UNOPS, cuyas decisiones desacertadas, implicarán una grave afectación a la competitividad del país, dado que continúan cometiendo errores en la adjudicación y contratación de proyectos viales que son urgentes para el país”, manifestó Pacheco.
- El país no puede financiar más convenciones colectivas
Los costarricenses no tienen por qué financiar los privilegios de los trabajadores de Recope y, si bien, UCCAEP respeta la decisión de la Sala Constitucional, en devolverle a dicha entidad más de ₡7 mil millones, esto implicará un aumento de ₡28 en el precio de los combustibles, lo que impacta en el bolsillo de los costarricenses.
“Siempre hemos considerado que ese tipo de gastos son innecesarios, especialmente porque Recope es un monopolio y los costarricenses no tenemos otra opción más que comprar los combustibles a dicha entidad. Es hora de poner fin a estos abusos; los costarricenses no debemos seguir financiando los privilegios de un grupo de funcionarios públicos, los cuales, además de ser injustos y desproporcionados, afectan los costos de producción, la competitividad del país y, por ende, el bolsillo de las familias”, expresó el presidente de UCCAEP, agregando que en este caso es urgente hacer un uso más eficiente de los recursos para disminuir los ya de por sí elevados costos de los hidrocarburos en Costa Rica, procurando alcanzar precios que permitan al sector productivo nacional, ser competitivo ante el mercado mundial y así lograr reducir la alta tasa de desempleo que mantiene el país.
- Sostenibilidad para el Régimen del IVM
Luego de siete meses de reuniones intensas en la mesa de diálogo del IVM, donde se analizó a profundidad el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se realizaron una serie de recomendaciones, todas ellas de consenso entre los tres sectores (patronos, trabajadores y Estado), que pueden llevar a la CCSS a un buen manejo del fondo, dándole sostenibilidad al régimen, lo cual, sin duda, va en beneficio de los futuros pensionados y de la paz social del país.
“Insistimos en que es necesario plantear el tema de la edad de retiro, la cual, desde el punto de vista del sector empleador, debe irse aumentado paulatinamente conforme la esperanza de vida es más alta”, indicó Pacheco.
Otro aspecto importante es que la pensión del IVM debe ir disminuyendo, pues la pensión complementaria se irá fortaleciendo y la idea es que entre las dos se complementen y los trabajadores lleguen a tener una pensión digna.
- En la búsqueda de acuerdos para formación dual y combatir la informalidad laboral
Para la Unión de Cámaras, es importante que el país forme personal de alta calidad y acorde con la demanda laboral existente para así aprovechar todas las oportunidades de trabajo disponibles; por ello han insistido en la necesidad de darle sustento legal a la formación dual, así como en la importancia de contar con un INA más articulado y enfocado a las necesidades del mercado laboral.
Por otra parte, acercar a las empresas informales a la formalidad tendrá un impacto positivo en la recaudación tributaria, en ampliar las cotizaciones a la seguridad social y, sin duda, redundará en un mejor país para todos.
