Campaña política dispara denuncias por agresión a gays

• Defensoría llama a detener discursos de odio

San José – Luego del domingo 4 de febrero, día de la primera ronda de elecciones, el grupo activista Frente Igualitario por los Derechos Humanos reporta un total de 10 casos de agresión física o verbal a personas de la comunidad LGTBI.

Michelle Jones, representante del grupo, confirmó a este medio que desde ese día se han recibido ese total de denuncias por medio de un sondeo que realizan en sus plataformas para medir las agresiones que en los últimos días se han incrementado en redes sociales.

El grupo contabiliza 10 denuncias a partir del 5 de febrero, es decir, un día después de la elección. De ellas, nueve fueron por agresión verbal y una por agresión física a una persona homosexual. La mayoría se dieron en San José (cuatro), dos en Guanacaste, dos en Alajuela y dos en la provincia de Heredia.

Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha hecho un llamado a frenar los discursos de odio en las redes sociales tras la fuerte división ideológica que ha sufrido el país en medio de la coyuntura del proceso electoral.

«Costa Rica es un pueblo reconocido por el diálogo, su vocación cívica y la solución pacífica de sus diferendos, reputación que dista mucho de los insultos, burlas, expresiones de intolerancia y odio, así como los llamados a la violencia que los y las costarricenses hemos presenciado en los últimos días a través de redes sociales y medios de comunicación», manifestó el ente defensor mediante un comunicado de prensa.

La Defensoría, incluso, ha recibido reportes ha recibido manifestaciones sobre el temor que sienten personas de la sociedad civil que defienden los derechos de estas poblaciones.

Ante esto, la institución recordó a toda la población que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano, garantizado por la Constitución; sin embargo, no es un derecho irrestricto, pues los abusos que se cometan en su ejercicio pueden acarrear responsabilidades civiles y penales.

Pero más allá de esas responsabilidades, la Defensoría manifiesta su repudio a manifestaciones que llaman a la violencia y a restringir los derechos de las personas por pertenecer a un determinado grupo.