Redacción – El ex presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ya tiene todo listo para salir del país a finales de esta semana, tres meses después de haberle entregado el poder a Carlos Alvarado.
Solís se traslada a vivir a los Estados Unidos a pesar de la investigación penal que tramita la Fiscalía en su contra como parte de las pesquisas por el sonado caso del cementazo.
A Solís se le abrió una causa penal por el delito de prevaricato con el fin de determinar si el ex mandatario faltó al cumplimiento de sus deberes durante la apertura del mercado del cemento en Costa Rica, el cual, hasta el 2015, estuvo en manos de dos empresas.
El año pasado, producto de una serie de investigaciones, se dio a conocer que el dueño de la empresa Sinocem, Juan Carlos Bolaños, visitó en varias ocasiones Casa Presidencial para reunirse con el entonces presidente. Esta compañía fue la primera en iniciar operaciones tras un cambio en un reglamento que bloqueaba desde hacía muchos años la importación de cemento.
Aunque Solís figura como imputado en la denuncia, la Fiscalía no ha solicitado ningún tipo de medida cautelar por no considerarlo necesario. Es por ese motivo que no existe ningún impedimento para que salga de Costa Rica como lo anunció semanas atrás.
Cabe recordar que se solicitan medidas cautelares cuando existen peligros procesales que lo ameriten, por ejemplo, si el imputado puede obstaculizar o exista peligro de fuga. Esas medidas pueden ser dictadas una vez que el sospechoso sea indagado, pero en este caso aún no se llega a esa etapa procesal.
El ex gobernante viajará a Estados Unidos para dar clases como profesor invitado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida.
Señaló que a pesar de la investigación, estará a disposición de las autoridades judiciales en caso de que lo llamen a declarar.
«He indicado que estaré siempre a la orden de las instancias que puedan requerir de mi presencia en San José, cuya cercanía de Miami facilitará mucho mi desplazamiento a Costa Rica, en caso que fuera necesario», afirmó Solís.
La investigación se encuentra a cargo de un grupo de fiscales, la cual está liderada por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio.
