Redacción- Una vez más la Defensoría de los Habitantes insiste, sobre la crítica situación de derechos de las personas indígenas en Costa Rica, que tiene que ver con la exclusión, invisibilización y discriminación ante omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.
Si bien la Defensoría reconoce algunos avances en el mejoramiento de la calidad de vida en ciertos territorios indígenas, no puede dejar de señalar que persisten deudas históricas sobre las que nada o muy poco se ha avanzado, afectando sus derechos vinculados a la pervivencia como pueblos, como lo son la seguridad territorial, la autonomía y la libre determinación;
Algunas medidas administrativas para devolver a los pueblos indígenas el control de sus tierras siguen pendientes de ejecución, no existe un procedimiento para el registro y reconocimiento de sus propias estructuras representativas y tampoco se ha adecuado la figura de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) a la realidad e identidad cultural de los pueblos indígenas, incidiendo en muchos territorios de manera directamente negativa.
En la misma línea, sigue pendiente un análisis profundo sobre la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), institución pública que por ley debería de promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena y de servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas, pero las limitaciones presupuestarias, organizativas y estructurales se lo impiden.
Asimismo, siguen sin desarrollarse programas y políticas adecuadas a las especificidades culturales de los pueblos indígenas; no existe un plan nacional de vivienda indígena, tampoco un programa particular de capacitación y formación profesional, ni un plan de desarrollo productivo sostenible que les ayude a impulsar las actividades en los territorios y contribuya al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.
Otra de las situaciones que preocupa a la Defensoría tiene que ver con las miles de personas indígenas ngäbe y buglé panameñas que entregan año a año su fuerza laboral al país durante las cogidas de café;, recientemente la aja Costarricense del Seguro Social aprobó una modalidad de aseguramiento para la actividad cafetalera después de décadas de omisión y persas debilidades en la garantía de los derechos laborales por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que la Dirección General de Migración y Extranjería defina un procedimiento que reconozca la especificidad indígena en los trámites de regularización migratoria, que no se agota con la incorporación de un capítulo particular en el Reglamento de Extranjería, si al final estas regulaciones son las mismas de los trámites regulares.
Aunque en la Administración 2014-2018 se avanzó en la construcción de un Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas, porque el país carecía de una instrumentalización homogénea a nivel institucional para hacer consultas, su implementación enfrenta importantes desafíos. También se avanzó en la ejecución del plan para el mejoramiento de los servicios públicos en el territorio indígena Conte Burica, elaborado bajo la coordinación de la Defensoría, en el marco de la sentencia constitucional N° 202-13.
La Defensoría destaca la labor de la Red Indígena Bribrí y Cabécar (RIBCA) que a través del Festival “Dialogando por el Buen Vivir” constituyó un significativo mecanismo de intercambio, negociación y rendición de cuentas con las instituciones gubernamentales vinculadas a la atención de los territorios que conforman la Red. Si bien, este espacio participativo fue un importante espacio de participación, hay que señalar que por el contrario, el valioso diálogo que se había iniciado en la Administración 2010-2014 con los territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón a través de una “Mesa de Diálogo” no se dio continuidad en la Administración 2014-2018. Lo anterior, pese a la Medida Cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó a favor de los territorios Térraba y Salitre, lo cual conllevaba inherentemente diálogo y concertación
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes insiste en la urgencia de intensificar acciones a todo nivel, para garantizarle a esta población el acceso real a sus derechos.
