Redacción –  Los agremiados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentaron un recurso de amparo por el supuesto «boicot» del Gobierno de la República, específicamente de la Policía de Tránsito, pues pretenden que no se le alquilen autobuses a los sindicatos para movilizarse durante la huelga nacional.

El recurso de amparo fue presentado por la sindicalista Karen Carvajal Loaiza ante la Sala Constitucional por violación a los artículos 33 y 61 de la Constitución Política en contra de German Marín Sandí, Director General de la Policía de Tránsito, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Parte de los hechos preliminares presentes en el documento

«Que el movimiento sindical de unidad nacional consolidada y en conjunto con los y las trabajadoras, definieron un plan nacional para confrontar el Plan de Fiscal que afecta gravemente a nuestra sociedad. Con lo cual se llegó a la decisión de que a partir del 10 de setiembre de 2018 se iniciaría una huelga nacional como lucha patriótica, en defensa de la clase trabajadora, la calidad de vida de miles de costarricenses y a la soberanía nacional».

Como pruebas presentan notas de los medios de comunicación y fotografías tomadas en Heredia el 19 de setiembre anterior.

Otro de sus argumentos es el siguiente:

«Se violenta además el principio de igualdad, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, esto porque es conocido que en elecciones presidenciales y municipales estos mismos buses y transportes publico prestan servicio de transportes para trasladar personas a votar, sin que se aplique sanción alguna. Se está limitando el libre ejercicio de un derecho fundamental, abusando del poder de dirección de la policía de tránsito».

Los sindicalistas pretenden, principalmente, que se declare con lugar el presente recurso de amparo. Luego, que se le ordene a Marín que, como director general de la Policía de Transito se abstenga a realizar actos tendientes a limitar el ejercicio real y libre del derecho a huelga que tienen todos los trabajadores públicos y privados, como restringir la forma en como se transportan los trabajadores que se encuentran en huelga nacional a los diversos puntos de concentración.

Por otra parte, también piden que se cubran los pagos de las costas procesales.