Magistrado Fernando Cruz del Poder Judicial

Redacción – Diputados integrantes de diferentes fracciones solicitan que se aclare si realmente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas afecta al funcionamiento normal del Poder Judicial.

Los representantes presentaron, este jueves, una consulta facultativa de Constitucionalidad sobre el proyecto 20.580.

Los firmantes esperan que la Sala Constitucional aclare si los cuatro puntos señalados por la Corte Plena para oponerse al proyecto, realmente afectan sustancial y objetivamente la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

La lista de legisladores que suscribieron la consulta incluye a representantes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Republicano Socialcristiano y al diputado independiente Erick Rodríguez Steller.

Los diputados buscan desmentir este criterio y destacan que ninguno de los puntos señalados por la Corte Plena afectan a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que estipula los casos en que una iniciativa de ley afecta al Poder Judicial, como aquellas normas que crean, varían o suprimen órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos a dicho Poder de la República. También es el caso de proyectos de ley que modifican o eliminan funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas esenciales para dar soporte a la función primaria del Poder Judicial.

Los diputados y diputadas que firmaron la consulta  de fondo solicitan que la Sala Constitucional:

  • Despeje las dudas de constitucionalidad a propósito de los cuatro apartados normativos objetados por la Corte Suprema de Justicia para oponerse al expediente legislativo N° 20.580.
  • Aclare que la normativa legal objeto de consulta facultativa, no equivale a disposiciones relativas a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, de acuerdo con los límites de la correcta interpretación del artículo 167 de la Constitución Política, al menos en los términos en que han sido dimensionados hasta la fecha por la jurisprudencia constitucional temática.
  • Aclare si el texto normativo contenido en el expediente legislativo 20.580, es conforme con el bloque de legalidad constitucional, en el sentido que no riñe con la independencia judicial, ni mucho menos infringe el principio constitucional de separación de poderes.