Redacción. Un juez de Texas, Estados Unidos, reiteró el pasado lunes que la administración de la empresa Gas Zeta -domiciliada en Costa Rica- sigue bajo la administración de la mexicana Evangelina López Guzmán, quien actualmente enfrenta un proceso de divorcio del millonario empresario Miguel Zaragoza Fuentes.
El juez Roy L. Moore, durante la audiencia, le señaló a la representación legal de Zaragoza que las medidas dictadas en el 2015 se mantienen vigentes. Así se determinó durante la primera audiencia de programación que se tramita en Houston y de la cual este medio tiene copia.
Este caso inció en mayo de 2014 en Texas y en Costa Rica se nacionalizaron las medidas provisionales en enero de 2015. Por ello, en la actualidad las empresas costarricenses se encuentran bajo el mando de López Guzmán y con ello afirman que el servicio público de suministro de gas se presta con normalidad. Incluso, recientemente fueron premiados por su eficiencia y excelencia en el servicio.
La abogada de la señora López Guzmán, Jeanne C. McDowell, en relación a las órdenes provisionales que fueron nacionalizadas en Costa Rica por la Sala Primera de la Corte, dijo texttualmente que:
“Esas órdenes fueron ingresadas válidamente y nunca fueron apeladas por Miguel o cualquier otra persona.”
“La apelación de Miguel sólo cuestionó lo que el juicio resolvió. No impugnó las obligaciones temporales que se habían adquirido y que no se habían pagado mientras el caso estaba pendiente en el tribunal de primera instancia.”
Precisamente, este miércoles 3 de octubre se celebrará una audiencia por parte de magistrados que tramitan este proceso en Costa Rica.
Asimismo, a nivel de la Fiscalía General de la República se tramita una causa penal por hechos relacionados a este mismo caso.
Este martes, las empresas suizas Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. señalaron a AM Prensa que el capital accionario de Gas Nacional Zeta pertenece a ellas y, según explicaron brevemente, así ha sido reconocido por el Estado costarricense ante el Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, no presentaron prueba alguna para demostrarlo.
«Las compañías están a la espera de que se resuelva cuanto antes un conflicto de competencias cumple mas de tres años sin ser votado y niegan su vínculo con cualquier intento de presión sobre las personas que deben ver este tema en el Tribunal de Corte Plena.
Rhone y Cervin son respetuosas de la legislación costarricense, pero temen estar siendo presa de una campaña de presión en contra de los magistrados, para amedrentarlos y evitar que resuelvan este tema. Su interés es que haya una decisión que ponga fin al conflicto», señalan las compañías a través de la agencia de comunicación Porter Novelli.
Por este caso, existen diferentes investigaciones abiertas debido a supuestas actuaciones irregulares por parte de funcionarios judiciales que pudieron haber sido influidos en sus decisiones por ex magistrados que trabajan para Miguel Zaragoza.
