Redacción- La Defensoría de los Habitantes presentó, ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), su oposición a la propuesta de fijación tarifaria del ICE que incrementaría en un 12,77% las tarifas del servicio de distribución de energía eléctrica para los hogares, comercios e industria.
La Defensoría es consciente de que para cualquier servicio público es necesario ajustar periódicamente las tarifas; sin embargo, el aumento promedio, que hoy solicita el ICE, por su magnitud está fuera de proporción, considerando que la inflación interanual, 2,03%, desde la última fijación, fue muy inferior al ajuste pretendido.
Al revisar la petición del ICE, la Defensoría ha encontrado que no todos los elementos de las peticiones incluidas en la solicitud responden a criterios de razonabilidad y cuentan con la adecuada justificación, razón por la cual, los niveles tarifarios pretendidos por el ICE no deberían ser otorgados por el ente Regulador.
Debido a esta situación, la Defensoría externa su preocupación por el impacto que el aumento solicitado tendría sobre el costo de vida de los hogares costarricenses y sobre el sector productivo. Por ello, en esta ocasión la Defensoría recomienda al ente Regulador y al ICE, tener presente el efecto socioeconómico de incrementos tarifarios de esta magnitud, especialmente para los sectores más pobres de la sociedad.
En términos generales, la Defensoría solicita a la Autoridad Reguladora que el estudio, análisis y, en caso de ser necesario, el ajuste en las tarifas que aplica el ICE, se realice acorde con la coyuntura y circunstancias sociales y económicas de las y los habitantes del país, considerando la situación económica que afrontó la sociedad costarricense durante el año 2018 y las perspectivas para el año 2019.
Esto para que se cumpla con el mandato de la Ley de la Autoridad Reguladora (Ley 7593), y, se procure el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos, considerando, en el análisis tarifario, los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica.
