• Medida dejará sin funcionamiento a más de 40 microempresas y 140 profesionales en audiología

Redacción- El Colegio de Terapeutas de Costa Rica (CTCR) se opone rotundamente al Convenio Marco que abrió la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) donde se pretende adquirir las prótesis auditivas para personas con discapacidad, por medio de compra pública, lo que reducirá las opciones de 100 consultorios de diferentes empresas, a solo uno.

Durante 30 años la CCSS ha otorgado una ayuda económica (subsidio) a las personas con problemas auditivos que necesiten audífonos. En este momento, ese subsidio es de 295 mil colones por oído, y las recetas son despachadas en más de 100 consultorios, pertenecientes a las 40 diferentes compañías en el país, según las necesidades específicas de cada paciente.

“Creemos que el mecanismo significa un retroceso en el servicio, más que un avance. La C.C.S.S no tiene claridad acerca del daño tan enorme que tendrán los usuarios que deban acudir a solo 1 o 2 compañías. En este momento, existe total libertad y autonomía por parte del paciente para elegir entre una gran cantidad de opciones, donde se sienta mejor, donde sea mejor atendido o donde decida acudir no solo para el despacho de su receta, sino para la atención del proceso de rehabilitación auditiva”, afirmó el Dr. Fernando Aguilar, representante de los Audiólogos en la Junta Directiva del Colegio de Terapeutas.

Existen pacientes que tienen más de 10 años de estar siendo atendidos por el mismo Audiólogo a nivel privado, y ahora, con este mecanismo que quiere imponer la Seguridad Social, deberán acudir a la única compañía que sea adjudicada. Además, ahora deberán ser atendidos en el sistema de consulta externa, donde en este momento solo hay 34 audiólogos para atender a 10.000 asegurados, con listas de espera de 1 a 3 años.

Actualmente los pacientes son atendidos por los audiólogos del sector privado quienes les prescriben los audífonos necesarios.
• Más de 10 mil pacientes pasarán de tener más de 100 consultorios donde atenderse a solo 1 por región.
• Tiempo de espera pasarán de mesas a años, para entregarle al paciente sus audífonos
• Medida dejará sin funcionamiento a más de 40 microempresas y 140 profesionales en audiología

“La C.C.S.S. indica que esta medida ahorrará dinero. Sin embargo, creemos que afectará directamente a los usuarios, porque los mismos tendrán limitadas opciones, se verá agredida su autonomía, su derecho a elegir, y al final, para mejorar el sistema interno, la institución deberá contratar personal no solo técnico, sino también administrativo, que aumentará los costos de operación” afirmó Aguilar.

De aprobarse esta licitación, el subsidio pasaría a ser una tercera parte de lo que actualmente se brinda, siendo un enorme retroceso para la salud de los pacientes. El mecanismo planteado, limita el tipo de aparato brindado por la
CCSSS, bajando la calidad y el derecho a elegir el mejor.

El sistema propuesto no toma en cuenta el avance tecnológico y el derecho y autonomía del paciente para elegir la casa proveedora y la tecnología del audífono que mejor se adecúe a sus necesidades específicas. Dentro del cartel se habla de 5 empresas que podrán participar, pero solo una se adjudicará por región, siendo la que ofrezca mejor precio.

Esto es una violación al principio de autonomía sobre las personas con discapacidad, así dada por la Ley 9379 de la Promoción de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. La Caja reducirá a 7 tipos de audífonos, a pesar de que no son los que todos los pacientes necesitan.

“Este cambio viola directamente el principio de respeto por las personas (autonomía) y al centralizar todo en una sola empresa, elimina la libre competencia en términos de calidad y precio, y lo limita a una sola variable: el
precio”, afirmó.

En total 140 profesionales en audiología se quedarían sin trabajo y 40 microempresas deberían cerrar. Datos que alarman al Colegio de Terapeutas de Costa Rica.

“Estamos en momentos de crisis donde la CCSS centralizará en una sola empresa lo que antes hacían 40, es un claro ejemplo de monopolización y daño directo a los usuarios en su libertad de encontrar un producto que tenga calidad y precio adecuado”, finalizó Aguilar.

Actualmente la CCSS no ha hecho consultas a los usuarios ni a las personas con discapacidad, manteniendo abierto el proceso de licitación que cierra el próximo 10 de abril.