Redacción. Una consulta de Daniel Ulate, diputado de Liberación Nacional, dejó en evidencia que el Consejo de Transporte Público (CTP) no tiene ningún informe, ni estudio específico de cómo se invertirán los recursos del Fondo de Movilidad, que se crearía al regularizar Uber.
Este fondo proviene del 3% adicional que se cobraría sobre cada servicio y pretende modernizar el transporte público.
“La intención es que esos recursos sirvan para sustituir la flota de los taxistas y que puedan dar el paso hacia vehículos eléctricos, que sean de mejor calidad, desde el punto de vista de descarbonización”, aseguró.
En su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos, también dijo que las dos modalidades pueden operar tanto Uber y taxis, siempre y cuando, los diputados establezcan reglas claras.
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“Estamos de acuerdo con el proyecto, tal y como está, pero hay una disposición de revisar lo que sea necesario y un acompañamiento técnico de parte del CTP”, aseguró Vega.
Otro de los temas que surgió se refiere a la participación de los taxistas y autobuseros en la Junta Directiva del CTP, Vega dejó muy claro que no hay necesidad de eliminarlos.
Los líderes de taxistas culpan al CTP de tener el servicio público en un estado de abandono, sin embargo, el director dijo que ellos tienen que cumplir con parámetros de legalidad y que la ley los limita en un sistema perverso que ha sumido al taxista “en una ruina erosionada paulatinamente”.
La iniciativa de ley promovida por el Gobierno estará sujeta a cambios por parte de la fracción oficialista y también recibió criterios negativos de parte de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República.
