- MEP le da prioridad a infraestructuras en estado crítico
Redacción – Un aproximado del 13% de los centros educativos del Ministerio de Seguridad Pública (MEP) recibieron una orden sanitaria por infraestructura por parte del Ministerio de Salud.
Se trata de 583 instituciones que se dividen entre colegios y escuelas que presentan alguna problemática en sus edificaciones que puede complicar las lecciones para los estudiantes.
El MEP, desde la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), aseguran que todas las escuelas y los colegios con esa advertencia ya han sido intervenidos en alguna de las etapas.
«Tenemos un grado de las órdenes sanitarias que ya se están ejecutando. Algunas están en el proceso de contratación de servicios profesionales, otras que están en proceso de generación de un informe de diagnóstico cuando hacemos la visita al sitio», explicó Andrea Obando, directora de la DIEE.
De acuerdo con Salud, desde el departamento de prensa indicaron que existen varios tipos de órdenes sanitarias. Por ejemplo, en el caso de los centros educativos, puede ser por falta de rampas de acceso, por falta de servicios sanitarios, pintura y otros problemas mayores como edificaciones que no pueden ser ocupadas.
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Esa cartera se encarga de inspeccionar la infraestructura y medir si es necesario evaluar para alertar sobre algún tema estructural que no cumpla con lo adecuado.
Las autoridades hacen una inspección por toda la institución y, depende de lo que se encuentre, se extiende la orden para que se cumpla, lo que corresponde a las juntas de educación con el presupuesto otorgado por la DIEE.
«Para poder operar, las instituciones deben cumplir con lo que sea evaluado. Entonces, se entra en una etapa de diálogo. Se les pregunta cuánto presupuesto requieren y cuánto van a durar en las obras, no pueden durar dos o tres años, no se puede en tanto tiempo porque la población escolar no puede estar sin esos servicios que necesitan ser corregidos», explicaron desde la comunicación de Salud.
No obstante, Obando afirma que algunas instituciones pueden tardar en completar las reparaciones hasta dos años, por lo que el proceso de tener a todos los centros en óptimas condiciones es lento y puede tardar años.
La DIEE informó que existe un presupuesto de ¢19 mil 500 millones, dinero que es distribuido a las juntas educativas para que realicen los trabajos respectivos y la contratación de personal para la mano de obra.
A los centros educativos que se les da prioridad son los que se encuentran en situación crítica, es decir, en proceso de demolición, desalojo y cierre parcial.
En esta lista se encuentra, por ejemplo, el Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, clausurado la semana anterior, así como el José María Zeledón, el cual también presenta problemas graves porque los estudiantes deben recibir clases en un tipo de carpas al no poder usar sus edificios por malas condiciones.
Entonces, cuando los centros educativos presentan problemas de infraestructura, deben hacerse cargo con el dinero que se les deposita desde la dirección del MEP.
