- Consideran evidente y demostrada las violaciones al ordenamiento jurídico que justifican la disolución de ANEP; y que el Ministerio de Trabajo debe proceder.
Redacción- Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) ha solicitado formalmente al ministro de trabajo, Steven Núñez, mediante nota entregada en su despacho, el pasado 6 de setiembre, que designe personal de la Dirección de Asuntos Laborales de esa cartera, para que documente y levante prueba de hechos delictuosos o violentos que se desarrollen en vía pública e inmuebles del Estado, que fundamenten las denuncias judiciales, tanto en sede ordinaria laboral como penal.
Lo anterior como un mecanismo de verificación que genere de manera ejemplarizante, la disolución de sindicatos que patrocinen desmanes en las carreteras que lesionan los derechos de las personas.
“El artículo 350 del Código de Trabajo, desarrolla las figuras legales que permiten la disolución de un sindicato, las cuales son ya de práctica usual por parte de gremios como la ANEP. Es poco razonable que el Ministro de Trabajo no actúe con las facultades que le concede la legislación vigente. Los claros y demostrados actos de violencia contra la integridad física de personas, contra los derechos constitucionales de la población en materia de libre tránsito o contra el acceso a servicios esenciales para la protección de la vida humana, son claros, evidentes, documentados y demostrados. Por tal motivo, es intolerable que se bloqueen vías públicas, sin que inspectores del Ministerio de Trabajo constaten en terreno las realidades que permiten la aplicación del artículo 350 del Código de Trabajo”, indicó Carlos Antillón, asesor legal de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).
LEA TAMBIÉN: Abogada denuncia penalmente a Albino Vargas por incitar a romper la paz social
Por su parte, Maurizio Musmanni, presidente de CACIA, aseguró que le solicitaron una reacción pronta y ejemplarizante al Ministro Steven Núñez para evitar los enormes daños que provocan este tipo de prácticas sindicales.
Agrega que Núñez tiene en sus manos las herramientas para lograrlo, pues el Código Penal detalla la acción del bloqueo de vías públicas para impedir la circulación de transeúntes y vehículos, con un tipo penal objetivo, que impone castigo de hasta 30 días de cárcel; es decir, existen razones de sobra para proceder en la vía que la legislación ya tiene debidamente cubierta.
La disolución de sindicatos ha sido pocas veces utilizada en el país, y permite que cuando hayan ocurrido hechos violentos o delictivos contra las personas o las propiedades, dentro del marco de alguna huelga, el Ministerio de Trabajo recabe prueba y traslade el caso ante los tribunales para que se comprueben los argumentos, y así el Poder Judicial declare disuelto el gremio que patrocinó dichos actos antijurídicos.
Por tal motivo, en nota entregada el pasado 06 de setiembre, CACIA le requirió al ministro Núñez realizar los procedimientos administrativos necesarios para elevar ante órganos jurisdiccionales la disolución de la ANEP, a raíz de los hechos violentos acaecidos el día 3 de setiembre de 2019 frente a la Asamblea Legislativa, y en los que trabajadores de medios de comunicación, fueron víctimas de violencia física y verbal.
Adicionalmente, en dicha misiva los empresarios le demandan al jerarca explicar si el autodenominado movimiento “MEDSE” (Movimiento Estudiantil de Secundaria) está inscrito como organización sindical ante el Ministerio de Trabajo, o si consta a ese ministerio la inscripción de su personería en algún otro registro de acceso público.
También se le solicitó aclarar si este ministerio reconoce la legitimación al movimiento, como interlocutor en protestas sociales, y si algún de sus jerarcas ha firmado documentos en conjunto con “representantes” de esa agrupación.
“Cuando el móvil de una huelga es atentar contra la seguridad del Estado, debilitar su autoridad o perturbar su normal actividad, se traspasa el límite de la coexistencia y se cae en el delito de sedición. Impacienta a las industrias de alimentos, ver cómo la cartera de Trabajo y Seguridad Social tolera por omisión en la aplicación de la ley, la manifestación violenta y degradante, que perturba el orden público y amenaza a los trabajadores del sector privado que sí desean acudir a sus labores”, finalizó Musmanni.
