- Iniciativa pretende cumplir con las normas de la OCDE
Redacción. La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó a la corriente legislativa el proyecto «Puertas Giratorias» que pretende prevenir, detectar y sancionar posibles conflictos de intereses y riesgos de corrupción en los que pueda incurrir personas que se muevan de puestos de trabajo entre los sectores público y privado.
Al respecto, hay convenciones ratificadas por el país y recomendaciones internacionales con señalamientos ante las consecuencias del tránsito inmediato de personas entre estos sectores público y privado, tales como la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y las líneas directrices de la OCDE.
Las personas ex funcionarios y funcionarias de alto rango tendrán restricciones para evitar posibles conflictos de interés; riesgos de corrupción y el flujo de contactos e información sensible.
«Lo que estas medidas buscan es un período de enfriamiento antes de pasar del sector público al privado, incluyendo restricciones que no existen o no están del todo claras en la actualidad. A la vez, previene sobre potenciales conflictos de interés de funcionarios o funcionarias que pasan del sector privado al público, transparentando si existen conflictos entre sus funciones anteriores y las que va a desempeñar en el sector público», destacó la jefa de la Fracción Legislativa del PAC, Nielsen Pérez.
La iniciativa de la Fracción PAC define que entre las personas reguladas se encuentran quienes ocupen el cargo de la Presidencia de la República, Vicepresidencias, Ministerios y Viceministerios, Magistraturas, Fiscalías, Jefaturas de Misiones Diplomáticas, Contraloría General de la República, Presidencias Ejecutivas, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Superintendencias y otros cargos de alto rango, incluidas Alcaldías y Vicealcaldías.
Una vez que la persona cese sus labores, durante los dos años de haber terminado, no podrá laborar ni prestar servicios, a título personal o mediante estructuras jurídicas, en entidades privadas o públicas que estuvieren dentro del ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban, o fueren destinatarias de sus decisiones.
El proyecto procura que las y los funcionarios que, tras haber ocupado una jerarquía en alguna institución pública, puedan incurrir en actos ilegítimos que privilegien intereses privados suyos o de terceros.
«Esta propuesta tiene que ver con los principios de transparencia y la lucha contra la corrupción que interesa a todo el pueblo costarricense y con los que esta Asamblea Legislativa está altamente comprometida» señaló el sub jefe de fracción, Luis Ramón Carranza, diputado del PAC.
