Redacción. Los magistrados y magistradas que integran Corte Plena acordaron otorgarle la potestad al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, para que ejerza las acciones y mecanismos legales ante el órgano contralor.
Esto con la intención de rechazar la recomendación dada por la Contraloría General de la República el pasado 19 de diciembre de 2019 que ordenó el cumplimiento de la reforma fiscal.
Específicamente, la Contraloría le pidió al presidente de la Corte asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma.
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La Corte Plena no entró a conocer el fondo del informe, debido a que existe en este momento una acción de inconstitucionalidad contra la procedencia del acuerdo tomado en la sesión de Corte Plena del 18 de marzo de 2019, por ello es la Sala Constitucional la que tiene la competencia constitucional y legal para dirimir la procedencia del acuerdo de Corte que cuestiona el informe de la división de la Contraloría.
Las magistradas y los magistrados de Corte Plena dieron audiencia a representantes de los gremios judiciales: Jorge Morales y Adriana Orocú, para exponer sus argumentos y posiciones sobre el tema.
Durante la sesión, se acogió la solicitud de inhibitoria que presentaron magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, por ello fueron sustituidos por personas que ocupan la magistratura en condición de suplentes.
