Redacción-Este lunes, el abogado Juan Diego Castro señaló que denunció penalmente al presidente Carlos Alvarado Quesada, ministro de la Presidencia Victor Morales y al ministro interino de Planificación Luis Daniel Soto.
También a los dos funcionarios de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos.
La denuncia esta fundamentada por los delitos de violación de datos personales y de prevaricato consumados, en grado de tentativa.
Castro señala que el delito de violación de datos personales, artículo 196 bis del Código Penal, dispone que “será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere (…) acceda, copie, (…) difunda, recopile, (…) dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.”
El delito de prevaricato, artículo 150 del Código Penal, dice: “Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.”
Lo anterior por que Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos, funcionarios públicos que laboran en la Casa Presidencial, desde dieciocho y nueve meses, han accedido y dado un tratamiento no autorizado a datos personales sensibles y de acceso restringido, protegidos por la ley, acciones delictivas que encuadran en el tipo penal del numeral 196 bis citado.
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También, que Carlos Alvarado Quesada, presidente; Víctor Morales Mora, ministro y Luis Daniel Soto Castro ministro interino, suscribieron y publicaron el decreto 41996-MP-MIDEPLAN, autorizando inconstitucional e ilegalmente algunas de las conductas prohibidas por el tipo de penal del artículo 196 bis del Código Penal
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