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Redacción.   La necesidad de que los empresarios tengan un trato diferenciado con respecto al impuesto de Valor Agregado (IVA) durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria nacional provocada por el Covid-19,  se está discutiendo en este momento entre los jefes de fracción y el Gobierno.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) solicitó esta mañana  una rebaja al 6% del IVA con el propósito de paliar la crisis que se tiene, como una medida  urgente ante el desempleo que se podría disparar del 12 al 19 por ciento.


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También, Álvaro Sáenz, presidente de la Uccaep,  dijo que se deben implementar medidas financieras y fiscales para readecuar las deuda e hipotecas, así como de los atrasos en el pago de créditos, eso alivia el flujo de caja de las empresas.

El Gobierno viene cabildeando con las diferentes fracciones legislativas una moratoria al pago de impuestos por tres meses, plan que se discute en este momento.

La  Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) también hizo un llamado a los diputados para que aprueben un proyecto impulsado por José María Villalta, del Frente Amplio denominado:  “Interpretación auténtica de la ley del impuesto al valor agregado (IVA)» esto impactaría de forma positiva el precio de las tarifas eléctricas tomando en cuenta la afectación a la economía agravada por el coronavirus.

“En momentos en que como costarricenses estamos viviendo un pandemia con repercusiones en la economía nacional, es necesario impulsar aquellas iniciativas que vengan a aliviar el bolsillo de la gente y no desmejore la competitividad empresarial”, comentó Allan Benavides, presidente de CEDET.

El proyecto de ley 21653  fue firmado por diputados de la mayoría de las bancadas y  se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa.

La Cámara de Industrias también presentó una lista de medidas urgentes que permitan que las empresas continúen operando, la conservación del empleo y recomendaciones para la mejora en la confianza empresarial y clima de negocios.
Entre ellas, sobresalen: flexibilizar la regulación de la Superintendencia General de Entidades Financieras,  ampliar las fechas de pago del impuesto de renta, IVA y de pagos de cargas sociales a la CCSS, mucho de lo que se está discutiendo en Cuesta de Moras.